La confianza ciudadana en las instituciones públicas en Hidalgo atraviesa por un escrutinio y autocrítica gubernamental que ha dado origen al arqueo del erario público y al combate frontal a la corrupción e impunidad en los actos de malversación pública, cuyo escenario central lo ha constituido la Estafa Siniestra.
El péndulo de las pesquisas públicas sobre la malversación al erario ahora se esgrime sobre la actuación de la expresidenta municipal de Tizayuca, Susana Ángeles Quezada, a quien el arqueo público presenta observaciones sobre su administración por más de 132 millones de pesos desde el Órgano Interno de Control en torno a la Cuenta Pública 2023.
Las anomalías que han presentado diferentes administraciones del antiguo régimen -y de las cuales más de 13 exalcaldes han resultados responsables de malversación pública- ahora también en un plano de arqueo público más allá de los colores partidistas, se cierne sobre Ángeles Quezada, quien deberá probar el destino de los recursos observados. El término de horizontalidad en la aplicación de la justicia que ha culminado en Hidalgo con la aprobación a la reforma del Poder Judicial, indica que el gobierno de Julio Menchaca no habrá de admitir abusos y excesos públicos sin importar la índole de afiliación política de las y los servidores públicos y sus posibles vínculos con intereses privados.
Como un ejercicio de plena legitimidad de la gestión del gobernador Menchaca Salazar, el correlato de la horizontalidad de la impartición y procuración de la justicia en la esfera pública y privada, refrenda el compromiso de no defraudar ni engañar al pueblo en su administración. Esta condición de integridad gubernamental marca una postura de reorientación, en un antes y un después, de lo que implicaron las administraciones gubernamentales del antiguo régimen en Hidalgo.
La paradoja de la malversación pública en Hidalgo no estriba en el caudal de lo defraudado al erario -que no es cosa menor- sino en que es una lógica pragmática de la corrupción que ha tenido una especie de “naturalización de la malversación pública”, como si se tratara de una estructura genética de la burocracia en el poder. Condición absurda, porque tendríamos que catalogar a individuos que ya vienen con un ADN corrupto antes de nacer.
En términos analíticos, las implicaciones que presentan la corrupción e impunidad pública exigen construir nuevos protocolos de arqueo sobre la gestión administrativa a todo nivel de gobierno, no sólo en las áreas de toma de decisión, sino en las estructuras que hacen posible que la corrupción pueda presentarse.
La instauración del Estado Digital y la inteligencia artificial en el gobierno de Julio Menchaca debe dar el salto cualitativo hacia la instrumentación eficiente de la tecnología aplicada a la administración pública. En este trazo, como señaló Miguel Tello, titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, no sólo se trata de garantizar pericia e innovación en la gestión pública, sino de hacer valer la gobernanza digital y democrática a la que tiene derecho el pueblo de Hidalgo y así garantizar que la malversación pública sea erradicada.
La malversación pública en México es una anomia trágica que retrata los usos históricos del ejercicio público para el enriquecimiento de servidoras y servidores públicos que se vuelven juez y parte del encargo que, por confianza, les otorgó la soberanía del pueblo, la cual no puede ser engañada ni defraudada en el gobierno que les pertenece.
Esta realidad lapidaria indica que la gestión del gobernador Julio Menchaca con los bríos de la reforma al Poder Judicial, habrá de aplicar la máxima “el que es buen juez, por su casa empieza”.
