La actuación del alcalde de Mineral del Monte, Alejandro Sierra Tello, el 8 de enero que derivó en una represión a animalistas y agresiones a la prensa fue un hecho que “se salió de las manos”, opinó la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Así lo expresó el regente Julio Manuel Valera Piedras en una conferencia a la que asistió ayer y en la que añadió que, pese a la situación, el edil emanado de dicha fracción no será expulsado, ya que tendría que ser otra condición la que motive la salida.
En ese sentido, refirió que desde el grupo político hay y se comprometen al respaldo de todos y cada uno de quienes describió como los primeros priistas en los municipios; aunque al cuestionarle si se ha platicado con él refirió que sí, con él y con todos.
Particularmente de Sierra Tello, recordó que les expresó que lo que quiso fue resolver un problema desde una perspectiva y después hizo una disculpa pública tras lo que había pasado: “Está comprometido con el desarrollo y estará trabajando para poder seguir avanzando”.
Finalmente, en su declaración reiteró que lo acontecido fue algo aislado y ante ello aseveró que en el partido saben ponerse de acuerdo y sobre todo rectificar cuando algo no se hizo bien “te puedo decir que el presidente es muy chambeador, muy echado para adelante”.
La trifulca
El 8 del que corre en una protesta convocada por el refugio Cuatro Patitas un Corazón para exigir justicia por el secuestro de perros, Sierra Tello, funcionarios locales y comerciantes irrumpieron y comenzaron una discusión.
El Ejecutivo local increpó a los activistas y les señaló que no permitiría que fuera levantado un bloqueo carretero en lo que describió como “un día tan esperado por los visitantes que llegarán” ante la derrama económica que significaría.
Sin embargo, tras sostener un encuentro de palabras, pero con actitud confrontadora, en un momento dado se pasó a los golpes y tanto vendedores como personal de la alcaldía comenzaron a destrozar los artículos de protesta.
Tras ello, arribaron fuerzas policiales municipales y estatales, quienes se llevaron a los fundadores del refugio y a otros manifestantes; incluso, medios de comunicación fueron agredidos por los oficiales, locatarios y funcionarios.
