El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, afirmó que se revisará el actuar de la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y el Ministerio Público, en el caso de Rosaura, la joven que contaba con protección judicial y fue asesinada, junto con dos miembros de su familia, por un expolicía de Mineral de la Reforma.
“Vamos a tener una reunión y vamos a revisar cómo está funcionando el área de Medidas Cautelares y también del lado de la Procuraduría, porque todavía es dependiente del Ejecutivo. Vamos a supervisar cuál es el trabajo”, expresó en entrevista con medios de comunicación.
Detalló que la reunión del Gabinete de Seguridad se realiza los lunes y revisarán estos procedimientos; sin embargo, añadió que, independientemente, no hay un número suficiente de funcionarios como para tener un marcaje personal con los más de 3 millones de hidalguenses.
«No es una excusa, simplemente hay que entender lo que sucede ahí. Y hay situaciones muy desafortunadas que ocurren en todos lados del mundo. La semana pasada se dio un hecho de 10 muertos en Suecia», dijo.
Sin embargo, reconoció el trabajo de los 2 mil policías, tanto mujeres como hombres, que cuidan la seguridad a diario, y afirmó que por el mal actuar de unos pocos no se debe juzgar a toda la institución.
De igual forma, consideró que el Estado no le falló a la joven de 25 años, quien inició dos carpetas de investigación por violencia familiar y privación ilegal de la libertad, ambas judicializadas, y con medidas cautelares.
«Quien falló fue la persona que la asesinó. El Estado es un ente que nos engloba a todos y no es responsable de la actuación, son cada una de las personas que toman decisiones y que atentan contra la integridad de las personas», puntualizó.
Afirmó que, si bien no es ajeno al clima de violencia, le corresponde usar la fuerza del gobierno estatal para contenerla.
«El hecho de que una persona se apodere de algo que no es suyo, de que agreda, que violenta a otra, es una decisión que tomó y ese no es responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de cada quien que comete esos actos antisociales», agregó.
