Con todo y que la mayoría de los mexicanos ya deberíamos estar acostumbrados a decisiones de este tipo, no dejan de ser nota las políticas asumidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al entrar en la segunda quincena del cuarto mes de 2021 y con más de 210 mil muertos en México a causa de la pandemia, los tres casos que nos ocupan son: la falta de vacunas para los médicos privados, la ampliación de dos a cuatro años en el cargo al presidente de la Suprema Corte y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Sobre el tercer punto, el Senado ya aprobó que a partir de ahora al adquirir un teléfono celular, la empresa vendedora exija la huella dactilar, iris, facciones del rostro, tono de voz y firma, según esto para reducir los delitos de extorsión y secuestro. Está claro que a la delincuencia no debe preocuparle en lo mínimo la nueva disposición y seguirá cometiendo ilícitos.
Es más bien un alto riesgo saber que las empresas telefónicas tendrán hasta la información biométrica de 122 millones de usuarios; cantidad mayor incluso de los 94 millones de mexicanos registrados en el INE que es –hasta antes de ahora- el mayor y más completo padrón de mujeres y hombres mayores de edad. En esto se traduce la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Para no pocos esta nueva figura es un verdadero coctel de violaciones legales, pues representa una suma de afectaciones a diversas garantías constitucionales, porque además su aplicación será retroactiva. Para otros, la finalidad del gobierno es monitorear a millones de usuarios, lo que atenta contra la privacidad y protección de datos personales.
A final de cuentas, los senadores -morenistas en su mayoría- votaron a favor de la creación de este nuevo padrón nacional y ya se espera que haya demandas de amparo para particulares que vean violentados sus derechos fundamentales de proteger sus datos personales y privacidad. Pero la nueva disposición se publicó en el Diario Oficial de la Federación el viernes pasado.
Por otro lado, de manera inesperada el Senado, dentro del marco de aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial, creó un artículo transitorio de una ley reglamentaria para ampliar por dos años el cargo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que será de seis en lugar de cuatro años.
Nuevamente se impuso la mayoría de Morena en la Cámara alta, más los votos de los siempre incondicionales del PT, PES y PVEM y la aprobación de algunos legisladores del PRI. Con ello, Arturo Zaldívar dejará el cargo no en 2022 sino en 2024, disposición que ha llegado a ser considerada como una verdadera aberración legal.
La reforma se dio en el marco de la aprobación de las leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial y que ahora llega a la Cámara de Diputados para su análisis. La propuesta en el Senado la hizo Raúl Bolaños Cacho, del Verde, y fue avalada por 80 senadores, mientras que 25 lo hicieron en contra y cuatro se abstuvieron.
Lo anterior se considera ya como un albazo o madruguete legislativo por parte del partido en el gobierno y para algunos juristas representa el acto más irresponsable que se ha visto en mucho tiempo. Además de una clara injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial, con el aval –claro está- del jefe de Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, empeñado, como lo ha demostrado, de terminar en México con la división de poderes, precepto angular de un gobierno como el nuestro.
No menos grave es la política del gobierno de AMLO de negar la vacunación contra el covid-19 a casi 80 mil trabajadores de la salud que no laboran para gobierno alguno, sino que ejercen por su cuenta o en hospitales chicos o grandes, privados, y desde ahí atienden a más del 40 por ciento de mexicanos que requieren de sus servicios, enfermos incluso de SARS-CoV-2.
En esta fallida estrategia del gobierno federal que tiene al país como uno de los primeros por cuanto al número de decesos en el mundo, se dijo que los llamados trabajadores de la salud serían de los primeros en recibir la vacuna; sin embargo, además de la lentitud en la tarea en todo el país (pues se sabe que se ha vacunado a 10 millones de personas, mientras que en Estados Unidos llevan ya 200 millones), los médicos particulares siguen en espera de su dosis.
Y todavía en esa extraña, absurda e incomprensible actitud no propia de un presidente de México, AMLO se refiere a la marcha de protesta por no ser atendidos, que son muy pocos los inconformes que acudieron a manifestarse, aunque por otro lado, en lo que se pudiera interpretar como una respuesta a AMLO, un médico reconoció que no fue a la marcha, “porque si no trabajo, no me pagan”.
Así las cosas en el gobierno de la 4T. Mientras, ya estamos inmersos en las campañas políticas, tema que a pesar de la prohibición legal, el mismo AMLO no está ajeno. Interesado, como lo ha demostrado, de que su partido no pierda mayoría en la Cámara de Diputados, pues para él de eso depende que pueda seguir con la “Transformación de México” que nos tiene cada vez peor.
Por hoy es todo, nos leemos en la próxima entrega pero, Entre nos.
Por: José Guadalupe Rodríguez Cruz
*Egresado de la UNAM como licenciado en Derecho y Diplomado por el Instituto de Administración Pública de Querétaro y por la Universidad Iberoamericana en Políticas Públicas. *Regidor Municipal en Tula, Secretario Municipal de Tula, Diputado local en la LVII y LIX Legislaturas en el estado de Hidalgo y Presidente Municipal Constitucional de Tula 2000-2003. *Autor del libro “Desde el Congreso Hidalguense” y coautor del libro “Tula... su Historia” *Director y fundador del periódico bisemanario “Nueva Imagen de Hidalgo”, que desde 1988 se pública en Tula, Hgo.
