Luego que ayer fuera rescindido el contrato con la empresa operadora de los parquímetros ComuniPark SA de CV (MoviParq) por incumplimiento e irregularidades, el cabildo de Pachuca será quien decida sobre el destino de los aparatos, informó el departamento jurídico del ayuntamiento a través del área de comunicación social.
En ese sentido, y al solicitarle una entrevista a un munícipe, agregó que la sentencia será tomada como cuerpo colegiado y no dependerá de un miembro en específico; por lo que quedará en reserva si propiamente la alcaldía retoma la operación o definitivamente se retira toda la infraestructura.
La concesión fue otorgada en diciembre de 2015 durante la administración del edil emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eleazar García Sánchez, por un periodo de 10 años, que debían concluir en 2025.
Las 56 máquinas para el cobro de mil 240 cajas de estacionamiento se ubican en la colonia Centro de la capital, en el bulevar Valle de San Javier y las avenidas Revolución y Juárez; destaca que recientemente recibieron daños menores por usuarios en señal de protesta.
No obstante, durante dicho proceso surgieron voces a favor y en contra, como la de regidor independiente, Navor Rojas Mancera, quien además de señalar irregularidades interpuso múltiples recursos.
Uno de ellos fue en octubre de 2018, cuando el Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo resolvió un juicio de nulidad para cancelar el contrato; sin embargo, la empresa ingresó un amparo ante el Poder Judicial de la federación, mismo que le fue resuelto a su favor por vicios de fondo.
TELLERÍA Y MEZA TAMBIÉN BUSCARON SACAR A MOVIPARQ
Por otra parte, al tomar la batuta tras García Sánchez en 2016, Yolanda Tellería Beltrán del Partido Acción Nacional (PAN) aseveró que sacaría a los parquímetros; aunque luego repuso que la acción implicaría un daño a las arcas y por el contrario fue firmado un convenio modificatorio en julio de 2017.
Mientras que la edila interina, Tania Meza Escorza, signó otro documento en septiembre, en el que fue acordado un incremento de 5 por ciento para el ayuntamiento por el cobro de estacionamiento, pero a cambio de mil 260 cajones más, aunque la síndica jurídica, María de la Luz Becerra Olvera, consideró excesiva la cláusula, “pues no habría gran beneficio para la ciudad”.
