La pandemia por covid-19 ha significado un serio reto para la sociedad y para las autoridades porque no solo impone la obligación de proteger nuestra salud, sino que debemos conciliarla con la necesidad de garantizar un mínimo vital para la supervivencia de las personas.
El cierre total de negocios no esenciales ha sido una de las medidas más severas para “aplanar” la curva de contagios y ha habido decisiones difíciles de comprender, como la implementación del Hoy No Circula, la apertura de plazas comerciales de flujo significativo (como la del vestido, en Tulancingo, que se mantuvo abierta diario casi todo diciembre y parte de enero) y la más reciente: la obligación de cerrar los negocios esenciales a las 6 de la tarde en los municipios identificados con semáforo rojo y colindantes.
Estas medidas, a mi juicio, evidencian que las autoridades, con más sentido político que común, no quieren reconocer errores y cargan la responsabilidad a los pequeños comerciantes y trabajadores que viven con apenas lo necesario o con menos que eso.
Por otro lado, los municipios han mostrado una casi total incapacidad para coadyuvar en la implementación de medidas y la mayoría incurren en arbitrariedades que refuerzan la idea de muchas personas de que todo es obligación del gobierno.
Bajo este escenario, en Cuautepec diseñamos un acuerdo de medidas extraordinarias que se propuso al Ayuntamiento para su discusión y aprobación, y que tiene tres objetivos fundamentales: dotar de legalidad el actuar de las autoridades municipales, prevenir los contagios de manera más efectiva y promover el desarrollo de las actividades económicas esenciales.
Este acuerdo ya fue aprobado por el Ayuntamiento y será publicado la próxima semana. De él se destacan las siguientes medidas:
- La obligación de dueños de negocios de llevar un control diario de la temperatura y oxigenación de todo su personal para detectar a tiempo posibles casos sospechosos de covid-19.
- Sanitizar no solo a las personas sino también el dinero en cada despacho.
- Obligar a todas las personas al uso de cubrebocas en espacios públicos y de comercio cuyo incumplimiento se sancionará con el equivalente al valor de una UMA, es decir, poco menos de 90 pesos.
- Supervisar el cumplimiento de las medidas en el transporte público.
- Reconocer como falta administrativa la aglomeración de más de 50 personas, así como la de menos de 50 cuando no cumplan con las medidas de seguridad sanitaria.
El reto más significativo de este acuerdo es la vigilancia de su cumplimiento y su observación por parte de la población. De otra manera se incurrirá en el mal tan frecuente de que el problema no son las leyes sino sus operadores, las autoridades y los ciudadanos que tendremos la obligación de acatarlas o hacer lo que se nos plazca para que después se culpe de todo a los políticos.
Por: Leonardo Flores Solís
Abogado de profesión y activista por vocación. Soy producto de la justicia social. Maestro en Derecho por la UNAM y licenciado en Derecho por la UAEH. Soy más puma que garza.
