Este año comenzó con una sacudida para la UAEH cuando el Congreso estatal propuso una modificación a la Ley Orgánica universitaria que pretendía la existencia de un órgano de control que vigilara el uso de los recursos dentro de la máxima casa de estudios. La iniciativa no fue del agrado de las cabezas de la institución, por lo que se dieron a la tarea de movilizar a la comunidad universitaria a través de una campaña mediática que se proponía defender su autonomía. Funcionó.
Como parte de las estrategias, la UAEH solicitó un amparo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar la petición del Congreso cuyo fallo resultó a favor de la universidad.
Pero el Congreso del estado no se conformó con la decisión y solicitó una revisión que debía darse a conocer el 19 de septiembre. Sin embargo, la SCJN dejó pendiente la resolución y con ello quedó en el aire el fallo final, situación que sólo hace más tensa la relación entre el gobierno y la casa universitaria.
La situación se ha complicado desde el primer amparo, los cambios en el Congreso, los dimes y diretes, la huelga, las marchas que no sucedieron y las declaraciones de poder dibujan un escenario muy interesante en el que todo es posible. Y en esas posibilidades, sólo esperamos que gane la verdadera autonomía educativa, la que apuesta por la calidad de contenidos; la que defiende y protege a sus trabajadores (tengan el rango que tengan y sean familiares de quien sea), una que siga manteniendo a la universidad entre las mejores del país, pero que no tenga miedo de mostrar sus procesos y el destino de los recursos con los que trabaja.
