Este viernes Gabriela Mejía Valencia, tesorera de la UAEH, estuvo involucrada en un percance automovilístico en el que las partes no llegaron a un acuerdo y la funcionaria universitaria se negó a descender del vehículo en una actitud agresiva, por lo que los elementos de seguridad procedieron de acuerdo a la ley y la trasladaron a las oficinas ubicadas en el centro de Pachuca.
Mientras las acciones legales corrían llegaron al lugar de los hechos cerca de 50 personajes, obviamente ligados al Grupo Universidad, entre ellos exporros, y con actitud beligerante, sin lugar a dudas como grupo de choque, se trasladaron a las oficinas de la Agencia de Seguridad Estatal.
Entre gritos y proclamas contra los elementos de seguridad, a los que atacaron, fueron separados de la unidad que trasladaba a Mejía Valencia con una simple bomba de humo, artefacto que es utilizado para alejar a grupos de choque sin hacer uso de la fuerza.
Como era de esperarse, los vándalos reaccionaron diciendo que se trataba de una agresión más del gobierno, pero lo que no parecen entender es que los tiempos de Rossell de la Lama como gobernador protector a los vándalos que robaban, violaban, mataban, saqueaban, lesionaban y demás, quedaron en el pasado.
Ahora desde el basurero en el que se ha convertido la universidad, los administradores pretenden hablar de ataques y violencia en su contra, planteándose como víctimas de un gobierno represor cuando son ellos los delincuentes que no quieren afrontar las consecuencias legales de sus actos y que piensan que lanzando grupos de choque a las calles pueden amenazar y gozar de la impunidad que tuvieron en décadas anteriores.
Para completar el circo llegó Elsa Ángeles a la Agencia de Seguridad presentándose como personal de Derechos Humanos, cuando en realidad sólo es defensora desde la trinchera que le ordene Gerardo Sosa, para luego hacer como que no había entendido la pregunta. Por favor, fue enviada para defender a su amiga de parranda y mesías.
Ahora resulta que los porros necesitan protección, y es que en realidad están en números rojos y sus candidatos no despegan, no lograron generar la aceptación prometida a cambio de protección e impunidad porque su capital político es nulo y lo único que tienen son subordinados y amenazados por Sosa.
Después de las vejaciones que ellos cometieron, quieren hacer creer que son víctimas de este relato; olvidan que no gozan de impunidad y que su tesorera incurrió en un delito, que han permitido el narcomenudeo y desvío de millones de pesos, y que merecen un castigo por las víctimas de violación para las que no existieron defensores de los derechos humanos.
Estos porros se venden con la imagen de juventud rebelde cuando fueron el brazo armado de gobiernos priistas y cumplieron su función de perpetuar las peores vejaciones de las que se tienen registros en la historia mexicana; son delincuentes vestidos de universitarios que ahora pretenden disfrazar sus delitos con la victimización.
Es lamentable que “los pensantes” quieran hundir al estado en caos y vandalismo. Parece que Hidalgo no padece el mal del narcotráfico pero sí el de la Sosa Nostra, que es aún peor.
