Tres años después resurge el escándalo por la supuesta intervención de la Presidencia de la República en el juicio de desafuero contra el precandidato Andrés Manuel López Obrador, en la que se comprueba por boca de los otrora líderes del panismo en 2005 cómo el gobierno de Vicente Fox instrumentó una estrategia para evitar que el tabasqueño pusiera su nombre en las boletas en la elección de 2006. El ruidoso pleito entre la familia blaquiazul abrió el debate sobre la injerencia de las instituciones públicas en los procesos político-electorales.
Más allá de discutir si Vicente Fox fue o no el promotor de aquella artimaña legislativa (en la que quedó probada la intervención directa del Ejecutivo en aquel escándalo que fracturó al naciente Estado democrático), es necesario denunciar los excesos de una acción perversa y sistemática en la que instituciones de todos los niveles (federal, estatal y municipal) utilizan de forma facciosa a las dependencias y oficinas públicas para realizar proselitismo.
El caso más reciente es el golpeteo instrumentado desde Los Pinos para reventar al candidato presidencial del PAN-PRD-MC. Los gatilleros: la Secretaría de Gobernación, con la división del espionaje llamada CISEN y la PGR, que han ejecutado el macabro plan del jefe máximo del PRI y del gobierno federal para debilitar al que ocupa el segundo lugar en las encuestas. Ataques sistemáticos contra la imagen de Ricardo Anaya en la que para amarrar y generar mayor desgaste comenzó hace algunos meses un importante e influyente medio de la prensa mexicana. El Universal se convirtió en el brazo operador del régimen mediante una cruzada de campaña de desprestigio, durante un mes completo en el que dedicaron tendenciosos titulares para «probar», según ellos, actos de corrupción realizados por el político queretano; en dos decenas de primeras planas “el gran diario de México” construyó una narrativa del político-empresario en la que se creó el personaje que por un lado demanda transparencia y combate a la corrupción y, por otra, en la doble moral puritana se beneficia de las relaciones de poder para enriquecerse en negocios en los que prevalece la opacidad.
Fue así que, obligado a dar derecho de réplica, el rotativo capitalino ofreció un modesto espacio a Anaya. Y nada de la tinta gastada del diario se pudo configurar como delito. El proceso entre Anaya vs. El Universal continúa, disputa a la que se sumaron las instituciones que revelaron videos en el que el tierno Anaya parece echar ajos y cebollas contra la PGR. Un puñado de intelectuales (los de siempre) han exigido que de existir verdaderas razones para constituir faltas penales y administrativas, debería operar todo el peso de la ley contra Ricardo Anaya Cortés. Sin embargo, de no existir culpabilidad exigen que la autoridad y las instituciones del Estado detengan las acciones contra el candidato del PAN-PRD-MC.
En un breve repaso histórico se puede recordar la maquinaria propagandística del mismísimo Lázaro Cárdenas con la creación de aparatos ideológicos a fin de controlar y eliminar los levantamientos de caudillos que seguían amenazando la paz social que inauguraba el régimen creado por el Partido de la Revolución Mexicana (PRM). Bajo esa lógica surgió el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad (1936-1939), la Hora Nacional (el espacio monopólico de la radio federal) y la creación de PIPSA (Productora e Importadora de Papel S. A), instrumentos que fortalecieron la construcción de un discurso político hegemónico, autoritario y nacionalista.
Desde aquella etapa de consolidación del Estado postrrevolucionario hasta la fecha gobiernos del PRM, del PRI, los del PAN y hasta los de izquierda a nivel estatal y municipal, han tratado de llevar agua a su molino.
Luego de una historia caracterizada por incrementar las prácticas de intervención en la competencia política, el PRI terminó quedándose solo. El padre del liberalismo mexicano, Jesús Reyes Heroles, tuvo entonces que construir un nuevo marco de competencia para simular la democracia.
El sistema se cayó en 1988, el Congreso se partió en tercios en 1997, la coyuntura globalizadora facilitó la llegada de Vicente Fox y el IFE se constituyó una flamante institución que legitimaría las elecciones para inaugurar una nueva era de la democracia.
Nos emborrachamos de democracia y la cruda nos recordó los poderes fácticos del presidencialismo. Los Pinos se convirtió en el promotor de la candidatura de Felipe Calderón y el abogado Michoacán, “haiga sido como haiga sido” se convirtió en presidente. Así nos la hemos llevado todos estos largos años y seguimos tropezándonos con los mismos escollos.
En esta elección llevar un conflicto poselectoral por la falta de confianza no le conviene a nadie. Por ello se abre una buena oportunidad para revisar las mañosas prácticas de las instituciones y gobiernos que parecen cuidar más los intereses de sus partidos que de la ciudadanía.
Es necesaria una nueva legislación electoral que no sea un costal de parches con tantas reformas en las que se obligue a los órganos de poder a mantener una sana distancia de los procesos políticos. Sólo así podremos robustecer esa endeble democracia mexicana.
A este país no le conviene inventar mártires y paladines que se autoflagelan para venderse al electorado como víctimas. Menos aún confrontaciones entre militantes y seguidores que llevarían la disputa entre candidatos a la violencia.
Si las reglas son transparentes y basadas en la equidad entre los actores de la competencia, en la que los gobiernos son simples espectadores de las campañas, la confianza democrática y la suspicacia de un retorno al pasado se antepondrán.
Desde 2000 parecía que al menos la democracia electoral se había conquistado, sin embargo nuestros fantasmas del autoritarismo y de perpetuar el poder parecen querer regresarnos a esa oscura etapa de la historia que nos sigue estancando en esa fango de lo más podrido del (viejo) sistema político mexicano.
Por: Mario Ortiz Murillo
Maestro en Estudios Regionales, realizó estudios de Marketing político y gubernamental. Académico, periodista y sociólogo urbano; amante de los mejores y peores lugares de la Ciudad de México, a la que pensó que le venía mejor rebautizarla como Estado de Anáhuac que CDMX. Desertor de la burocracia convencido de la poderosa energía de la sociedad civil y marxista especializado en la corriente Groucho (Marx). De profundas raíces fronterizas chihuahuenses, se siente más juarense que Juan Gabriel, aunque ninguno de los dos haya nacido en la otrora Paso del Norte. A punto de doctorarse, le ha faltado tiempo (y motivación) para lograr el grado. Observador de la política nacional e internacional que siempre le resulta un espectáculo más divertido que la más sangrienta de las luchas de la Arena Coliseo. Entre los personajes que más ha respetado en la política se encuentran Heberto Castillo, Arnoldo Martínez Verdugo, Valentín Campa, Carlos Castillo Peraza, Luis H. Álvarez, Olof Palme, Willy Brandt y Fidel Castro. Todavía sueña que en este país la izquierda merece una oportunidad para llegar a la Presidencia de la República; espera verlo antes de morir.
