Genoveva Martínez
Jaime Reyes Galindo y Salvador Ramírez López, exalcalde y exsíndico procurador de Atitalaquia en el periodo 2012-2016, fueron acusados de cometer presuntas anomalías en detrimento del erario municipal, por lo que han pedido comenzar un juicio político en su contra.
Fueron la actual presidenta municipal, María Antonieta Herrera Jiménez y el síndico procurador en funciones, Demetrio Fidel Cortés Cerón, quienes el 4 de septiembre acudieron ante la LXIII Legislatura para solicitar este procedimiento en contra de los exfuncionarios, pues desde que los primeros asumieron sus cargos, hallaron anomalías en las arcas locales, principalmente adeudos por laudos laborales.
De acuerdo con la Constitución Política hidalguense, servidores públicos, funcionarios municipales y de las dependencias estatales, jueces, consejeros, diputados, entre otros, se harán acreedores a un juicio político en caso de comprobar acciones u omisiones indebidas en que incurran en el tiempo de su encargo y serán responsables por la comisión de los delitos del orden común y de las violaciones graves a derechos humanos que se cometan durante su gestión.
En la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, el Congreso valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere, cuando aquellos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia por parte de la Comisión Instructora.
Sin embargo, el juicio político en Hidalgo sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
