De acuerdo con el documento “La educación superior en América Latina y el Caribe”, la gratuidad para los estudiantes no lo es para la sociedad, que debe pagar impuestos para financiarla.
Dado que una matrícula gratuita universal subvenciona incluso a algunos individuos que podrían y estarían dispuestos a costearse su educación superior, la gratuidad puede suponer un uso ineficiente de los recursos fiscales.
Si bien puede que los hacedores de política estén tentados de aumentar la matrícula a través de la gratuidad sin un incremento simultáneo de los recursos, la evidencia para Estados Unidos muestra que reducir el nivel de recursos por estudiante está asociado con peores resultados académicos. Esto, a su vez, podría exacerbar los retos generados por la entrada de estudiantes de habilidad baja.
Los programas compensatorios y de apoyo para estudiantes menos preparados, que podrían considerarse como una solución al problema de la preparación académica insuficiente, son también fiscalmente costosos.
Dado el rol de las respuestas de los estudiantes a los mecanismos de financiación, los responsables de las políticas deben diseñar mecanismos que incentiven el esfuerzo y la graduación. Las subvenciones a las tasas basadas en el desempeño para los estudiantes cuyo progreso en la universidad sea satisfactorio son un ejemplo de este tipo de mecanismos.
De hecho, la evidencia disponible sugiere que ese tipo de mecanismos generan mejores resultados académicos que aquellos “sin compromisos”. La adopción reciente de programas de ayudas en función de la necesidad y/o el mérito, como Ser Pilo Paga en Colombia y Beca 18 en Perú, constituye un paso en esta dirección.”
La región tiene grandes esperanzas puestas en el papel de la educación como “gran igualador”, pero algunos resultados de investigaciones nos devuelven los pies a la tierra y plantean una historia más complicada. En esta sección nos referimos a los trabajadores con educación universitaria como “calificados” y medimos “la prima de cualificación” como el ratio entre el salario promedio de los graduados universitarios y los graduados de la educación secundaria.
La población en edad de trabajar (PET) incluye a los individuos cuya edad oscila entre los 25 y los 65 años, lo que equivale aproximadamente a 40 generaciones. A grandes rasgos, cada año se jubila una generación y entra otra, lo que implica que aproximadamente 1/40 de la PET cambia cada año. Por lo tanto, aumentar el porcentaje de la población calificada mediante cambios en la educación superior cambia una generación por año o 1/40 de la PET total.
Dicho de otro modo, hacen falta muchos años o incrementos radicales en el porcentaje de la población calificada en las generaciones entrantes para que la educación superior provoque cambios sustanciales en la PET. Por el mismo motivo, la reducción en la prima de cualificación y la desigualdad salarial provocada por el incremento en el porcentaje de la población calificada también será lenta.
Mediante simulaciones hemos investigado el efecto de largo plazo de aumentar el número de graduados universitarios en un 50 por ciento en cada generación que entre en la PET a partir de ahora, y nos hemos centrado en los individuos que han terminado al menos la educación secundaria dado nuestro interés en el margen entre la educación secundaria y la educación superior.
Dada la tasa de deserción de los países considerados, este incremento en los graduados universitarios supondría duplicar la matrícula en la educación superior, una hazaña sustancial para cuya consecución estos países necesitaron alrededor de diez años.
En este escenario, en más de tres décadas el porcentaje de PET calificada (en relación a todos los trabajadores con al menos educación secundaria) aumentaría de aproximadamente el 25 por ciento al 35 o 37 por ciento, y la prima de cualificación se reduciría del 2,8 al 2,4.
Estos efectos son considerables, pues representan un aumento del 50 por ciento en el porcentaje de la población calificada y una reducción del 14 por ciento en la prima de cualificación. Aun así, el porcentaje de la población calificada estaría muy por debajo del de Estados Unidos (donde es del 47 por ciento) y la prima de cualificación estaría muy por encima de la estadounidense (que es del 1,7).
Pese a que los resultados específicos de estas simulaciones son consecuencia de las hipótesis del modelo, el mensaje sigue siendo que aumentar solamente el número de graduados (y no simplemente el de matriculados) tendría un efecto limitado sobre las cualificaciones y la desigualdad salarial, y este efecto tardaría décadas en materializarse por completo.
Este hallazgo tiene dos implicaciones para la política pública. En primer lugar, en una región en la que urge generar y mejorar el capital humano calificado, el menú de políticas debe incluir reformas complementarias destinadas a inyectar rapidez y eficiencia en el proceso de la educación superior.
Estas reformas podrían incluir la racionalización y acortamiento de algunos programas, la revisión de los requisitos para la graduación y el fortalecimiento de las conexiones entre la universidad y el mercado laboral. Una política crucial, por supuesto, consiste en aumentar el nivel de preparación académica de los graduados de la educación secundaria.
Si bien la región ha progresado en la cantidad de graduados de la educación secundaria y este ha sido el motor principal de la expansión de la educación superior, la región no formará capital humano calificado a un ritmo rápido hasta que no logre un progreso similar en la calidad de los graduados de la educación secundaria.
La segunda implicación de política es que, en su afán por reducir la desigualdad, el hacedor de política no puede poner todos los huevos en la cesta de la educación superior.
Como Messina y Silva apuntan, pese a que la educación explica un 30 por ciento de la variación de los salarios en un momento dado en la región, y en general las características de los trabajadores explican aproximadamente el 50 por ciento, el 50 por ciento restante lo explican otros factores y, en especial, la heterogeneidad entre empresas.
En otras palabras, algunos individuos tienen empleos “buenos” en empresas “buenas”, mientras que otros no. Así pues, el reto para el hacedor de política consiste en crear un entorno en el que las empresas “buenas” puedan crear empleos “buenos” y dar un uso “bueno” y productivo al capital humano calificado formado mediante la educación superior.
(Continuará)
*La educación superior en América Latina y el Caribe (tomado del documento homónimo publicado por Grupo Banco Mundial).
Por: Roberto Diez Gutiérrez
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Maestro en Educación con especialidad en Comunicación. Maestro Humanidades con especialidad en Educación. Doctor en Humanidades con opción en Educación. Beca al Mérito Académico de la Secretaría de Educación Pública Federal. Fui corresponsal en el Estado de Hidalgo para Organización Radio Centro, Organización Impulsora de Radio y Cadena Radio Centro. Profesor en el Tecnológico de Monterrey (Querétaro e Hidalgo); en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad INECUH de Tizayuca, Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID-Tula) y Universidad La Salle Pachuca. Rector de la Universidad Científica Latinoamericana de Hidalgo (UCLAH); Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTEH); Director General de Educación Media Superior del Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior (IHEMSyS) y Director Técnico del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Hidalgo y Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población en Hidalgo. Director General de Proyectos y Programas de Apoyo a la Educación de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo. Colaborador en diversos medios impresos y electrónicos del Estado. Rector de la Universidad Tecnológica Minera de Zimapán (UTMZ). Ex Rector de las Universidades Tecnológicas Minera de Zimapán y Bilingüe de Mineral de la Reforma.
