Redacción
El pleno del Senado de la República aprobó, con 90 votos a favor y cero en contra, la minuta que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.
La ley establece la “prohibición absoluta a la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se encuentran prohibidos de manera estricta, completa, incondicional e imperativa”.
Establece que no será válida ninguna declaración o prueba cuyo origen tengan un acto de tortura, abuso, o trato cruel inhumano; y que por primera vez se encarcelará a policías que ejerzan abuso de poder sin justificación alguna.
Agregó que actualmente en el país se sigue implementando la tortura por parte de algunas autoridades desde el momento de la detención o al emitir declaraciones, lo cual debe erradicarse.
La minuta apunta que, al servidor público que, siendo investigado o vinculado a proceso por el delito de tortura, y que por razón de su encargo o influencia pueda interferir u obstaculizar las investigaciones, le podrán ser aplicadas las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluida la suspensión del cargo.
Adicionalmente, se adoptarán las medidas administrativas y provisionales necesarias para impedir que el servidor público señalado interfiera con las investigaciones.
Apunta que, el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial.
ONU RECONOCE NUEVA LEY
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU-DH) para los Derechos Humanos celebró la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, lo cual representa el cumplimiento de una de las recomendaciones formuladas por el Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante su visita de octubre de 2015.
El representante de ONU-DH en México, Jan Jarab, comentó que ahora que la Ley está aprobada, sigue el reto de su implementación: evitar el uso de la tortura en investigaciones criminales, castigo a quienes la perpetren y reparación de daños a las víctimas. De todo esto, la Oficina del Alto Comisionado estará al pendiente.
