Con un ataúd blanco y las canciones “Préstame a mi hermana”, “Canción sin miedo” y “Que la vida vale”, Mayra encabezó una protesta simbólica frente a la sede de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH). El objetivo: exigir justicia por el feminicidio de su hermana, Gloria Sintia, ocurrido hace más de ocho años en el municipio de Agua Blanca, Hidalgo.
Los restos de Gloria, que habían sido sepultados en el panteón de San Cristóbal, Ecatepec, Estado de México, fueron recientemente exhumados y trasladados al panteón de Agua Blanca. Antes de darle sepultura, Mayra llevó el ataúd hasta la PGJEH, donde fue recibida por el encargado de la dependencia, Francisco Fernández Hasbun.
Durante su intervención, Mayra denunció omisiones graves por parte de los exprocuradores y exombudsperson Alejandro Habib Nicolás y Ramiro Lara Salinas. Informó que se han iniciado dos carpetas de investigación en su contra debido a las irregularidades que marcaron el proceso desde su inicio.
La denuncia original por la muerte de Gloria fue presentada cuando Lara Salinas era procurador y Habib Nicolás encabezaba la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH). “A Gloria la mataron en Agua Blanca, hubo muchas omisiones, muchas violaciones, por parte de quienes en ese momento encabezaban la Procuraduría y la Comisión de los Derechos Humanos, al ver todas estas atrocidades que hicieron con ellas jurídicamente, pues meto una queja”, relató.
Mayra también recordó que “Gloria vivía en el municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla, allí la desaparecieron, estuvo desaparecida durante dos años. Me di a la tarea de buscarla, las autoridades, pues ya saben, omisas, indolentes, indiferentes y yo encuentro a mi hermana en el estado de Hidalgo, en el municipio de Agua Blanca. La tenían en el Semefo de aquí atrás”.
Cuando Ramiro Lara pasó a ser visitador de la CDHEH y Alejandro Habib tomó la titularidad de la Procuraduría, se celebró un acuerdo reparatorio. Ante esta actuación, el organismo emitió una recomendación y una disculpa pública.
A la protesta acudieron integrantes del colectivo feminista, así como representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Hidalgo (CDHEH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo.
En 2022, la carpeta de investigación fue finalmente judicializada. Uno de los presuntos responsables fue detenido seis años después, en Baja California. El juicio está por iniciar y Mayra confía en que se logre una reparación del daño, una disculpa pública y una sentencia de al menos 50 años de prisión.
