El regidor independiente de Tula, Noé Paredes Meza, se encuentra en el centro de la polémica luego de que unidades de transporte rotuladas con la razón social de su empresa, Corporativo UNNE, fueron aseguradas por la Fiscalía General de la República (FGR) durante un operativo federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, como parte de una investigación por probable almacenamiento ilícito de hidrocarburos.
De acuerdo con información de medios de comunicación de aquella entidad, el cateo –identificado como el número 57/2025– derivó en el aseguramiento de tres predios, 480 mil litros de combustible, 43 pipas, 18 tractocamiones y otras unidades utilizadas en la logística de transporte. La carpeta de investigación abierta por la FGR es la FED/CHIH/JUA/0000663/2025.
Las unidades en cuestión llevan la razón social de Transportación Carretera S.A. de C.V. (TRACSA), empresa del grupo Corporativo UNNE, que dirige el también político hidalguense. El hallazgo fue documentado por El Diario de Juárez, que señaló que dichas unidades se encontraban al interior de los inmuebles asegurados.
En uno de los predios se encontraron también cartuchos útiles, un cargador de arma y un contenedor con residuos de hidrocarburo.
El operativo forma parte de las acciones federales contra el llamado «huachicol fiscal», modalidad en la que se trafican combustibles importados de forma irregular desde Estados Unidos.
Regidor responde: «No tenemos nada que ocultar»
En respuesta a la atención mediática y política que ha generado el caso, Noé Paredes Meza publicó un video esta noche en redes sociales, en el que reconoció que los predios cateados pertenecen a su empresa, pero afirmó que todo el proceso fue una revisión de rutina.
«Nosotros no tenemos nada que ocultar», dijo. «Somos el transportista más importante de hidrocarburos del país… Aplaudimos que la Fiscalía esté haciendo estas revisiones porque permiten diferenciar quién hace las cosas bien y quién no».
Paredes aseguró que sus unidades están legalmente registradas y que el producto fue internado al país de forma correcta. «Ni compramos, ni vendemos, ni transportamos productos ilegales», insistió.
Hasta ahora, la FGR continúa con la investigación para determinar si existe o no responsabilidad penal, y los propietarios de los combustibles deberán acreditar su origen ante el Ministerio Público Federal.
