PAN busca impedir candidaturas a deudores alimentarios en Hidalgo

Claudia Luna Islas, diputada del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para exigir a los aspirantes a cargos públicos en Hidalgo un certificado de no inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, Claudia Luna Islas, presentó una iniciativa para modificar el Código Electoral del Estado de Hidalgo con el fin de fortalecer la transparencia en los procesos electorales.

La propuesta establece como requisito obligatorio que los aspirantes a cargos públicos, tales como la titularidad del Ejecutivo, legisladores, presidentes municipales, síndicos y regidores, presenten un certificado oficial que acredite que no están inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Actualmente, el proceso electoral permite que los contendientes presenten una carta bajo protesta de decir verdad, pero no existe una verificación efectiva. Con la reforma se sustituiría este formato por un documento oficial que garantice que cumplen con sus responsabilidades.

Luna Islas destacó que, a nivel nacional, alrededor del 67.5 por ciento de los menores en México no reciben pensión alimentaria después de la separación o divorcio de sus padres, lo que afecta directamente su bienestar y desarrollo.

«Exigir el certificado de no deudor alimentario no sólo es una medida administrativa, sino un compromiso con la justicia social, la transparencia en los procesos electorales y la protección de los derechos de los menores», enfatizó.

También aclara que aquellos que estén inscritos en el registro pueden participar si demuestran estar al corriente del pago, cancelan la deuda o tramitan el descuento correspondiente.

Con esta medida se busca enviar un mensaje claro de responsabilidad y justicia social, fortaleciendo la cultura de cumplimiento en quienes buscan cargos públicos. Además, no implicará un impacto presupuestario para el estado, ya que el costo del documento es de aproximadamente 70 pesos, un monto que será cubierto por los candidatos.

El proyecto se sumará al análisis de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde se determinará su posible aprobación e implementación en futuros procesos electorales en Hidalgo.


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