El acceso efectivo de género a los escaños políticos toma una singular notoriedad en Hidalgo frente a eventos de conquista femenina en las estructuras políticas.
La actuación de la diputada Tania Meza en los pronunciamientos sobre la reforma al Poder Judicial, que fue aprobada por mayoría aplastante de Morena, marca una serie de reflexiones sobre el peso que tienen las mujeres en la deliberación política y que, hasta ahora, no se haya perfilado una agenda de género para iniciar trabajos de reorientación y transformación de las estructuras de gobierno en Hidalgo, más allá de la sucesión transexenal 2028, donde, será una mujer quien dirija al Poder Ejecutivo.
Las implicaciones de no contar con una agenda de género impide efectivizar la paridad sustantiva en los encargos públicos y políticos del estado. En esta lógica, aún deficitaria, prevalecen los resabios de una estructura orgánica de poder político que no ha dejado su lugar a los esquemas internacionales de horizontalidad gubernamental y social que deben primar para reorientar las relaciones de poder y sociales.
Si atendemos a los mecanismos que se han perfilado desde el PNUD y Naciones Unidas en torno a la agenda 2030, los resabios y obstrucciones que presenta el aparato de Estado en México para generar igualdad y paridad sustantiva, indican un sesgo vital en la transformación que Morena pretende llevar a cabo en la nación.
La discusión de fondo estriba en que no se puede instaurar horizontalidad social mientras la estructura del Contrato Social no dé el vuelco hacia una reingeniería constitucional. Dicho de otro modo, no se cura una fractura sin una radiografía de fondo que devele dónde está el quiebre estructural.
Los debates de las cuotas de género en los partidos políticos son otro de los múltiples episodios de segregación y exclusión femenina que niega su paridad sustantiva. En los hechos, el que se destinen los encargos menos viables a las mujeres es un maquillaje político que agudiza la problemática de hacer de la paridad el equilibrio verdadero de una realidad política históricamente excluyente.
En este escenario asimétrico no es suficiente hablar de un “derecho político formal”. Los recientes pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia un amparo verdadero de Estado hacia las mujeres merecen un alto en el camino, porque son, en realidad, el cuestionamiento de forma y fondo de que lo que se dice de jure no se realiza de facto. El derecho y el hecho en el caso de la reivindicación e inclusión de las mujeres en la realidad social en México son antípodas o fronteras nítidas.
Construir en Hidalgo una agenda de género en el gobierno de Julio Menchaca permitirá armonizar los trabajos que se están efectuando desde el gobierno federal para reorientar las estructuras e instituciones del poder público en la nación.
Los impactos potenciales y efectivos de la exclusión femenina en México advierten que no es posible dar el salto cualitativo en la paridad sustantiva de género mientras no se asegure la asimetría de jure y de facto que existen en las estructuras institucionales.
Hidalgo, desde la alternancia política del gobierno de Julio Menchaca, ha iniciado un proceso sustantivo hacia la paridad de género en las estructuras políticas y sociales, donde el Congreso en las lógicas parlamentarias cuenta con una visión femenina de la política y un futuro expreso en la inclusión gubernamental.
