Las bases del régimen democrático que guían a la nación se encuentran experimentando una transición política sin precedentes, donde Hidalgo ha sido el epicentro de la aprobación de la reforma al Poder Judicial y ya marca los desencuentros entre las fuerzas de la derecha y el gobierno de Julio Menchaca.
Frente al desconcierto de las fuerzas de la derecha, el gobernador Julio Menchaca ha realizado una crítica directa a las impugnaciones vertidas por las y los diputados del antiguo régimen que, sin una lectura idónea y acotada de la reforma al Poder Judicial, pretenden retrotraer los logros de un proceso de reforma de Estado que no tiene vuelta atrás y que, a todas luces, le ha propinado el último gran quiebre a los resabios constitucionales de la casta política que maniató los avances sustantivos de la nación y su pueblo.
A contracorriente, el líder del PRI Hidalgo, Marco Mendoza, con un dejo de impotencia abierta, ha indicado que la derecha ya no habrá de impugnar la reforma al Poder Judicial -a título de que, frente a la derrota, el mutis verbal es mejor o calladitos nos vemos más bonitos- pero, que las y los diputados de Morena deberían ponerse a estudiar. Esta arenga de Marco Mendoza nos recuerda la dramática escena de la película Titanic, donde Jack Dawson a sabiendas de que va a morir, se aferra al trozo de madera que sostiene a Rose Dewitt. ¿Triste historia, verdad?
Como las calamidades nunca vienen solas, para colmo de males, la derecha en el Congreso de Hidalgo se encuentra reducida a su mínima expresión, como historia de una comparsa fallida que habrá de naufragar durante todo el sexenio de Julio Menchaca porque la disparidad de los escaños y la férrea postura de la bancada de Morena no auguran tiempos mejores para las fuerzas de antiguo régimen.
Por primera vez, el Congreso de Hidalgo ha dado marco a un paso trascendente con la aprobación a la reforma del Poder Judicial y, ahora, en tiempos y movimientos, se apresta a su armonización jurídica que ampare una nueva era en la construcción de una burocracia judicial, donde jueces y magistrados sean electos y sometidos a voto directo en el ejercicio pleno de la voluntad soberana del pueblo.
El Poder Judicial -que ha transitado de ser una ínsula de privilegios y estructura política que le permitió a la casta del antiguo régimen erigirse en juez y parte de la impartición y procuración de justicia bajo el amparo de intereses sectarios y particulares- se enfrenta a una verdadera transformación que debe afinar en las leyes secundarias, los aspectos relevantes de esta reforma y dar cauce a un verdadero ejercicio y actuación judicial en defensa de la ciudadanía, que no puede seguir experimentando el déficit y deterioro de la justicia.
La responsabilidad expresa del Poder Judicial en la nación debe marcar en los límites al ejercicio de la impartición y procuración de justicia el fin de los excesos, abusos y obstrucción judicial que la añeja estructura de jueces y magistrados le propinó a la ciudadanía, que garantizaba asimetrías judiciales que menoscabaron la calidad de vida de las y los mexicanos e infligieron una derrota a la democracia.
El Poder Judicial en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum debe agigantar su importancia y trascendencia en la reconfiguración de los poderes públicos de la nación. Queda en este plano la discusión de que es un órgano del Estado que debe hacer realidad las premisas de un México en igualdad de circunstancias, donde no vale menos la justicia para el pobre que para el rico, porque nunca debió ser utilizada como el peón que protegía al status social en ese intrincado ajedrez político de la omnipotencia de las fuerzas del antiguo régimen.
¿Qué depara en el fondo la reforma al Poder Judicial?
El ejercicio pleno de la jurisdicción para defender al pueblo; el control de la juridicidad de los actos de las autoridades; las facultades de preservación plena del debido proceso judicial y, por sobre todas las cosas, el final de la antidemocracia del Poder Judicial frente a la voz y mandato de la soberanía popular en el ejercicio de la impartición y procuración de justicia en México.
