Las diversas reformas que han dado marco a la renovación de artículos constitucionales para evitar el nepotismo electoral y, con ello, evitar la reelección en los encargos de soberanía popular y desterrar a los políticos del escaño que, históricamente, han vivido del presupuesto público haciendo de su representación un botín dinástico, llegará a su fin y se dará el salto cualitativo hacía una ingeniería electoral que impedirá abusos y herencias fallidas.
En los entretelones, el IEEH tendrá nuevos instrumentos legales para asegurar que la Reforma Electoral concite con una nueva era de democratización de los procesos electorales y los encargos de elección soberana de la ciudadanía, cuestión que había anticipado en la operatividad y arbitraje el consejero Guillermo Corrales, advirtiendo la necesidad de reorientar la estructura operativa del árbitro garante de las elecciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido que el destierro del nepotismo electoral evitará la herencia fallida en los encargos públicos, condición que se traduce en la depuración de una democracia en la burocracia del Estado y que deberá cambiar la faz y fisonomía de las dinastías políticas y familiares que, por décadas, detentaron el poder y estuvieron en el control público del gobierno, tal y como ha sucedido en Hidalgo.
Si somos observadores y trazamos elementos análogos para el análisis, los partidos políticos en Hidalgo suelen no presentar una oferta de paridad de género en torno a los escaños femeninos, de los cuales, por ley electoral y pública se han visto obligados a posicionar. Sin embargo, persisten en las conductas de los partidos políticos los resabios como que los puestos de elección popular menos asequibles y viables se los destinan a las mujeres de sus partidos.
En este trazo, la sucesión transexenal en Hidalgo -guiada por una acción paralela en la alternancia política de género a la gubernatura para 2028– también es una clara respuesta al nepotismo político que ha primado en el país y que, de una vez por todas, debe tirar los resabios de la casta política del antiguo régimen que obstruyó a la democracia soberana del pueblo, enquistando el poder público.
Por ende, el IEEH deberá ajustar su estructura operativa a los nuevos lineamientos que habrán de primar en los procesos electorales y garantizar los fundamentos legales de la reforma electoral y su ética funcional en la operación estructural de su instituto.
La dinámica política en lo sustantivo en el gobierno de Sheinbaum Pardo advierte no sólo un golpe antisistémico a los resabios de las fuerzas políticas de la derecha en México; ha logrado, al tiempo, que los instrumentos y mecanismos constitucionales hayan creado candados contra la antidemocracia que primó en las estructuras de poder de la derecha y en la reproducción hegemónica de su fuerza de Estado. No obstante, aún se debe profundizar, de manera indiscutible, aquellas figuras políticas que han minado la legitimidad y credibilidad de la ciudadanía en los encargos de elección popular como los escaños plurinominales o de representación proporcional que generaron el paraíso de ese nepotismo que hoy se intenta erradicar.
No es cosa menor el hecho de comprender los alcances de la Reforma Electoral en el marco antisistémico del destierro de los resabios políticos del antiguo régimen en Hidalgo. Con claridad, la presidenta Sheinbaum Pardo sabe, a ciencia cierta, que no se puede democratizar al sistema político sin que existan los mecanismos constitucionales que eviten la hegemonía política del absurdo como herramienta de perpetuación de la corrupción e impunidad que se gestó desde la herencia fallida de la casta política del antiguo régimen.
No puede haber 4T sin reforma electoral del Estado. Esto es claro y se posiciona como el elemento sine qua non de la generación de un nuevo Contrato Social en México, más allá de las reformas que se han emprendido.
