El Congreso del estado de Hidalgo ha extinguido con un golpe en la mesa, desde la bancada de Morena, más de nueve décadas de opresión del bastión del monopolio del antiguo régimen del Poder Judicial, que marcó una cruenta historia en las asimetrías de la procuración e impartición de justicia, haciendo valer la dimensión de transformación de la soberanía democrática del pueblo en la nación.
En los contrastes del discurso político, la jornada del Congreso local estuvo marcada por una oposición que se ha perdido en el extravío y despropósito de sus resabios de poder. En esta atmósfera, las bancadas del PRI y PAN, en las voces de Marco Mendoza y Claudia Luna, aceptaron en reiteradas ocasiones que se requería una reforma al Poder Judicial pero, no una hecha al “vapor” y al “ahí se va”. Declaración tácita que reconoce el error histórico de usos y abusos del Poder Judicial, que sus propias fuerzas políticas utilizaron como instrumento hegemónico de sus gobiernos.
Estas frases, en el marco del análisis crítico de la historia fallida de las fuerzas de la derecha, donde el uso y abuso del Poder Judicial como instrumento de clase y en defensa de los intereses de las élites económicas y políticas, quedó decapitado frente al avance de las fuerzas de izquierda de Hidalgo que, en franca mayoría en el Congreso local, han dado el salto de armonización de la reforma del Poder Judicial para construir un nuevo horizonte de la justicia en México.
En este escenario sobresale el hecho de que el Poder Judicial por décadas fue juez y parte de la defensa de las élites económicas y políticas, creando un estamento de privilegios que constituyó el brazo punitivo que mantuvo al pueblo en la asimetría jurídica, mientras el quebranto de la justicia impidió que la democracia y la dignidad se erigieran como valores inalienables de la nación.
La intervención de la diputada de Morena, Tania Meza, se centró en la crítica hacia los recovecos de las fuerzas de la derecha que intentan detener los avances de la transformación que hoy vive el pueblo de México, por lo que apeló a extinguir los resabios que intentan proteger las fuerzas de la derecha desde el Poder Judicial, desde un temor infundado y con la reticencia de hacer valer la soberanía de la ciudadanía que, por vez primera, podrá utilizar los instrumentos democráticos para expresar su voluntad en la conformación de la estructura del Poder Judicial.
La ingeniería constitucional atraviesa en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por los remanentes que dejaron las estructuras institucionales del antiguo régimen, y que en el Poder Judicial habían encontrado los recursos para proteger los privilegios estamentales de las élites políticas y económicas. Por ende, la reforma al monopolio de la justicia del Poder Judicial marca la última batalla de la reestructuración del aparato de Estado y pone en predisposición de la dinámica que exige el cambio social a la 4T.
En entrevista Cara a Cara Effetá, que fue transmitida en vivo, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, Andrés Velázquez Vázquez, enfatizó que la reforma del Poder Judicial acabará con el nepotismo de su estructura burocrática, que por décadas gozó de privilegios y que ahora le devuelve al pueblo el poder soberano del ejercicio de la justicia.
Un colofón incierto, lo implica el déficit de la procuración e impartición de justicia que ha sufrido por décadas la ciudadanía, no habrá de presentar los impactos inmediatos que demanda la solución de los resabios de corrupción e impunidad que dejaron como sello distintivo los gobiernos del antiguo régimen. Este es el capítulo pendiente en la transición democrática que no puede quedar inconclusa en la Cuarta Transformación de la nación que exige que la justicia se concrete en los preceptos del “humanismo mexicano” para que la historia del Poder Judicial se escriba en la soberanía del pueblo.
