Un esquema de juicios masivos promovido por el Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) en 2012 dejó una estela de presunta corrupción que afectó a miles de acreditados en todo el país, incluidos habitantes de Hidalgo. Este estado figura entre los más afectados, con 9 mil 431 juicios iniciados, de los cuales 425 se llevaron a cabo dentro de la entidad y 9 mil 006 se radicaron en otros estados.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que el traslado de los procesos a otras entidades era una práctica común para complicar la defensa de los acreditados. Esto ocasionó que miles de trabajadores fueran despojados de sus viviendas sin la posibilidad de defenderse, debido a la falta de notificaciones y casos plagados de irregularidades.
A nivel nacional, más de 373 mil acreditados fueron demandados mediante este sistema, lo que resultó en el despojo de 249 mil viviendas. Romero Oropeza dio a conocer que este modelo se detectó en el marco del seguimiento al congelamiento de saldos y mensualidades a 2 millones de créditos.
Además, durante ocho años, se destinaron más de 29 mil millones de pesos en pagos a despachos jurídicos y notarios que operaron esta red, cantidad mayor a lo que se ha destinado a programas para el bienestar como la Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, la nueva beca universal “Rita Cetina Gutiérrez”, e incluso mayor al presupuesto anual del Infonavit, que se ubica en alrededor de 17 mil millones.
Al respecto, Sheinbaum Pardo, destacó que se continúan presentando denuncias ante la Fiscalía General de la República para encontrar a los responsables de los fraudes cometidos contra derechohabientes en gobiernos anteriores a la cuarta transformación.
Entre los principales despachos involucrados en los juicios masivos se encuentran GABSSA, a la que se le pagó más de 2 mil millones de pesos, así como ACSER, despacho que, a través de la gestión de un dirigente sindical del Infonavit, recibió un pago de 103 millones para desalojar a las personas de sus casas.
Sheinbaum informó que, pese a que en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se instruyó a la institución detener los juicios masivos, se detectó que nueve despachos simularon juicios individuales en la Ciudad de México a través del juzgado 60 Civil, intentando afectar a 63 mil 444 derechohabientes, siguiendo la misma estrategia.
“En esta administración, en noviembre de 2024, alcanzamos a detener este proceso, evitando afectar a más de 63 mil familias, lo que no quita la intención y toda la documentación que tenemos con relación a lo que pretendían hacer estos despachos”, detalló.
Con el objetivo de poner fin a este entramado, la presidenta ha ordenado la suspensión de este tipo de demandas y ha iniciado una revisión integral de los casos para restituir los derechos de los afectados. Octavio Romero detalló que también se presentarán denuncias penales contra los responsables de esta red de corrupción, que incluye a funcionarios, despachos jurídicos y notarios.
