Todavía no termina el marasmo político sobre la reforma al monopolio político del Poder Judicial cuando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado la reforma electoral.
El escenario es implacable y permite advertir que las fuerzas políticas de Morena no darán un paso atrás en la reconstrucción del sistema político en México, que permitió que la estructura de poder de la casta del antiguo régimen construyera bastiones políticos como los casos icónicos del Estado de México, con el grupo Atlacomulco, e Hidalgo con el grupo Huichapan.
La reforma electoral tiene implicaciones de control político como acto lógico de la reconstrucción del sistema político y de partidos; por lo que la radiografía de la clase política en Hidalgo ejemplifica con amplitud las orientaciones negativas del ejercicio del poder público, y condensa la apreciación analítica de que las asimetrías electorales del uso de la representación proporcional o plurinominal deben ser cercenadas de las lógicas del ejercicio del sufragio como voluntad democrática de la ciudadanía.
El golpe político que le asestará Morena a la oposición es magistral. En lo sustantivo, el momento político donde el gobierno de izquierda controla los poderes públicos, le permite crear nuevos mecanismos legales y reformas constitucionales con la mayoría calificada que ha alcanzado en el Congreso. En este trazo, era lógico que la reforma electoral constituyera uno de los golpes políticos de forma y fondo antisistémicos del antiguo régimen, condición que afianzará la continuidad sexenal de Morena hacia 2030.
La pauperización política que vive la derecha en México no habría estado completa sin la reforma electoral y, aunado a ello, la reforma de la alternancia política de género esgrime una pincelada de estrategia política sin precedentes en el sistema político de la nación.
Una variable clara que incide en el poder del gobernador Julio Menchaca es el hiperpresidencialismo que se ha desplegado en la indiscutible legitimidad y aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum. En este trazo de poder, la reforma electoral amplía la visión de custodia de la democracia y manifiesta la intención de Sheinbaum Pardo de prohibir la reelección en los cargos públicos de legisladores y alcaldes; brazos operativos de la microfísica del poder por su cercanía con la voluntad ciudadana.
El ajedrez político se encuentra al rojo vivo.
La postura del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en torno a la avanzada de la reforma electoral, tiene postrada a las fuerzas de la derecha que no encuentran argumentos ni capital político para detener al reformismo de izquierda que la mantiene en rendimientos políticos decrecientes. En los hechos, las voces icónicas en los últimos años -como la de Lilly Téllez- se han ido apagando e, inclusive, las reacciones de Alejandro Moreno se han ensombrecido frente a esta vertiginosa estructura reformista del gobierno de Sheinbaum Pardo.
Hidalgo vivió las movilizaciones de la estructura del Poder Judicial, pero el peso de la concertación del gobernador Julio Menchaca se impuso y dejó claro el poder que mantiene su administración dentro de la estructura de gobierno. En este tenor, la reforma electoral evitará que los cargos públicos sean “heredados”, pero en lo sustantivo, se trata de una depuración política que disminuye las ínsulas de poder y el flujo de control del mismo.
El epitafio es claro, la reforma electoral traerá efectos imprevistos en el sistema de partidos, de los cuales la oposición se encuentra en una pauperización política inédita, cuyos estragos son ampliamente visibles e incontrolables.