El vacío político que dejó la partida de Santiago Nieto perfiló múltiples retos de transición en la procuración e impartición de justicia y democracia en Hidalgo. La sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública ha instado a los gobernadores a asumir su responsabilidad en seguridad pública y guerra psicopolítica, con una advertencia en palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum: “No hay división política ni politiquería que valga, tenemos que caminar juntos en este proceso, sostuvo al encabezar por primera vez el Consejo Nacional de Seguridad Pública y presidir diariamente los gabinetes estatales en la materia”.
Claudia Sheinbaum ha solicitado claridad y atención a los retos de la procuración de justicia y la seguridad pública como eslabones de responsabilidad gubernamental que se cruzan a las acciones emprendidas en Sinaloa, donde el aparato de Estado pretende recuperar el control pleno del país y garantizar una nueva era de pacificación.
En esta atmósfera, el gobierno de Julio Menchaca ha sostenido desde sus inicios sesiones matutinas en el marco de que la seguridad pública es un vector de estabilidad social y avance para el desarrollo económico en Hidalgo; lo que precipitó no sólo la atención a los delitos del crimen organizado en materia de huachicol, secuestro y extorsión, sino también el escrutinio sobre la malversación pública en la estructura burocrático-administrativa que se afianzó en las pesquisas de la Estafa Siniestra, que persisten como estrategia de transparencia y anticorrupción.
La participación del gobernador Menchaca Salazar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública marca el trazo de coordinación política que ubica a Hidalgo como entidad de compromisos que no puede delegar la responsabilidad en materia de procuración e impartición de justicia y seguridad pública, donde el Poder Ejecutivo debe ser la vanguardia y guía de sus acciones.
En este trazo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, refrendó la estrategia de seguridad como una extensión coordinada entre el gobierno federal y las entidades del país para disminuir los índices delictivos como condición fundamental para garantizar el nuevo equilibrio de la preservación de la integridad humana y la pacificación plena de la nación. A su vez, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, instó a los gobernadores y presidentes municipales a sumarse a la estrategia de seguridad pública como estructura coordinada en su jurisdicción.
Hasta ahora, uno de los mayores déficits que presentan los gobiernos del antiguo y nuevo régimen es la procuración e impartición de justicia y la seguridad pública. Por décadas, la guerra psicopolítica que ha generado el crimen organizado ha minado el control del aparato de Estado en esta materia. Sobresalen, en este sentido, las estelas de control territorial delictivo en el país que fueron incrementándose y crearon enclaves de “zonas en disputa”, propiciando el quebranto de la paz social.
La guerra psicopolítica es también una guerra psicosocial que han desplegado los grupos delincuenciales, que se expandió a través de las redes sociales y ha creado formas de penetración y contención de sus intereses, que lo mismo crean incertidumbre social que advertencias para el cierre de comercios y escuelas de manera focalizada, creando ciudades y entornos “fantasmas”, donde sólo impera el poder bélico del crimen organizado.
Aunado a este clima incierto, históricamente se han detectado contubernios del crimen organizado con funcionarios públicos como lo ocurrido con Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos y quien ha develado diferentes redes de corrupción y contubernio público, cuyos alcances no han sido plenamente investigados.
La infiltración delictiva de los cuerpos de seguridad pública es otro signo claro de descomposición pública, por lo que el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha perfilado la renovación de cuadros policiacos y un esquema ampliado de capacitación, estructura de salarios y beneficios para la policía y cuerpos de seguridad pública.
Las pasadas comparecencias de los secretarios de gobierno del staff de Julio Menchaca, en la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Salvador Cruz Neri, dejaron premisas sobradas sobre la atención integral que debe preponderar un gobierno de equilibrio público y paz social. La visión de la presidenta Sheinbaum Pardo exige la plena coordinación y responsabilidad política de gobernadores y presidentes municipales para atender la seguridad pública y la guerra psicopolítica en el país.
