Las fuerzas políticas en el poder del antiguo régimen se aseguraron de ser juez y parte para crear negocios privados con fachada pública en detrimento de la ciudadanía, que engrosaba el erario con sus contribuciones fiscales y pagos de derechos públicos para el bienestar de esa rancia y vetusta casta política.
Las pesquisas de la Estafa Siniestra que han causado estupor en el destape de la cloaca de la malversación pública por las estelas de la administración de Omar Fayad, son sólo la punta del iceberg de una larga cadena y redes de corrupción de las que siguen apareciendo incontables personeros, algunos en procesos judiciales, otros que pagaron y quedaron en libertad y otros tantos a los que las sombras aún protegen.
En este trazo, el gobierno de Julio Menchaca también se ha dado a la tarea de recuperar inmuebles que fueron cedidos de manera arbitraria y anómala a particulares, incluso, a la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas, pese a que era servidora pública en funciones y esto contraviene toda probidad pública.
La corrupción no sólo se ejerce desde el hecho de la malversación pública y el peculado. Estas son figuras visibles, pero existen infinidad de contubernios como lo ocurrido con inmuebles públicos que fueron cedidos a particulares, no importando si se trataba de “nobles intenciones” como crear una fundación; de todas formas, se trataba de un abuso público a todas luces.
Los bienes inmuebles propiedad del gobierno de Hidalgo, y por ende patrimonio público, tendrán que ser recuperados a capa y espada, porque no se debe defraudar al pueblo. Existen inmuebles en proceso de recuperación en Pachuca, Mineral de la Reforma y Huejutla que deberán ser reintegrados al patrimonio estatal y dar por finiquitada toda cesión de derechos que serán sometidos a procesos administrativos, jurisdiccionales, así como a los instrumentos legales a los que haya lugar para su recuperación.
En la realidad de los hechos, los negocios privados con fachada pública se suceden en diversas administraciones del antiguo régimen en Hidalgo, y muchos de los particulares involucrados en estos ilícitos alegan desconocimiento de que los inmuebles cedidos se entregaran de manera arbitraria e ilícita para el erario público cometiendo un fraude a la nación, por lo que se encuentran exigiendo reparación patrimonial, lo cual no será retribuido por el gobierno de Hidalgo por no existir obligación jurídica en ello, así que el argumento “yo no sabía o yo desconocía” no exime de responsabilidad jurídica y aplicación de la ley.
Ser juez y parte ha sido el mayor de los negocios que distinguió a las y los personeros de la casta política del antiguo régimen, al grado que AMLO llegó a experimentar por la persecución a ilícitos de inmuebles en su recuperación pública como jefe capitalino, el intento de desafuero que le inició Vicente Fox como castigo político a la probidad del político tabasqueño en el servicio público al no haber permitido los negocios privados con fachada pública.
La reforma al monopolio del Poder Judicial, que mantiene en vilo a la clase política del antiguo régimen, mantuvo su escozor, precisamente, porque lo que se estaba jugando era la pervivencia de los negocios privados con fachada pública de una clase estamental, cuyos privilegios se estrechan frente al proceder de recuperar la justicia para la soberanía del pueblo de México.
Por: Carlos Barra Moulain
Carlos Barra Moulain es Dr. en Filosofía Política, su ciudad natal es Santiago de Chile, encuentra en el horizonte social su mejor encuentro con la historia y hace de las calles el espacio de interacción humana que le permite elevar su conciencia pensando que la conciencia nos ha sido legada por los otros.
