En el 2010, con 24 años, un amigo me invitó a un evento de campaña en Tulancingo del entonces candidato a gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz. En aquella ocasión me encontraba en los juzgados (soy abogado) y me quedaba cerca el evento. Al llegar vi sentados en primera fila, con rostros aburridos y desinteresados, a los jueces que en ese entonces estaban asignados al Distrito Judicial de Tulancingo. Era evidente que no estaban ahí por gusto pero tenían que estar y aplaudir.
En esa época a los trabajadores del Poder Judicial aún les exigían estar presentes en los eventos y llenar sus “sábanas” que eran hojas en las que tenían que poner nombre y otros datos de familiares y amigos que tenían que votar por el PRI sólo por tener la fortuna de tener un familiar o amigo con un empleo “de gobierno”.
Si algo ha evidenciado la reforma judicial es la pasividad y sometimiento al poder político que siempre ha permeado en el Poder Judicial local.
Si están de acuerdo o no con que sean sometidos al voto popular es lo que menos importa porque los jueces y juezas de Hidalgo están hechos a la medida del poder político en turno.
Así lo ha reconocido la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Rebeca Aladro Echeverría, que en días pasados señaló que la reforma al Poder Judicial es una “oportunidad para reflexionar, mejorar el quehacer jurisdiccional y enfrentar este reto” cuando lo que en realidad quiso decir fue “a sus órdenes gobernador, aquí estamos, como siempre, sometidos”.
En el fondo están deseando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los salve pero por si no, “aquí estamos, calladitos y esperando”.
Como yo lo entiendo, la reforma judicial tiene el propósito de “sacar” todo lo que maduró bajo el esquema del PRI/PAN. Abrir una nueva “época” a imagen y semejanza del actual poder político.
No nos engañemos, el Poder Judicial siempre ha estado sujeto al poder político. La carrera judicial es producto de la meritocracia impuesta o desarrollada por el poder político en el periodo de la derecha mexicana.
Sin embargo, que los jueces sean electos por la población da la oportunidad (aunque admito que sea poco probable) de que surjan verdaderos justicieros. No de los que hacen justicia por su propia mano sino de los que verdaderamente hacen falta: jueces y juezas que hagan justicia y no que sean meros aplicadores de la ley.
Lo anterior no significa que resuelvan por corazonadas, sino que se atrevan a inaplicar las normas inconstitucionales y que sancionen la corrupción. Que de verdad sean incorruptibles y que hagan del Estado de Derecho un estado de confianza y bienestar para la población. En síntesis, que se ganen el derecho a que todos y todas, pero, sobre todo, quienes viven en situación de mayor vulnerabilidad, reconozcan que en los juzgados y tribunales sí se hace justicia.
Por: Leonardo Flores Solís
Abogado de profesión y activista por vocación. Soy producto de la justicia social. Maestro en Derecho por la UNAM y licenciado en Derecho por la UAEH. Soy más puma que garza.
