Con el respaldo de 26 congresos locales, el Senado de la República emitió la declaratoria de constitucionalidad de las reformas a la Guardia Nacional, que determina que dicho ente dependerá de la Defensa Nacional y estará encargado de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor la reforma, el Ejecutivo podrá disponer de esta corporación para la seguridad interior y defensa exterior de la federación, al igual que en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley.
Al respecto, el senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, aseguró que, ante las condiciones de algunas comunidades que no cuentan con suficientes policías, se requiere forzosamente a este órgano para lograr la pacificación del país.
Por lo tanto, consideró oportuno trasladar la confianza que el pueblo de México le tiene a la Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, con un marco jurídico que respalde su actuación en esta materia y garantice el profesionalismo de sus integrantes.
De igual forma, en la sesión plenaria del domingo, los senadores emitieron la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional que garantiza, de manera integral, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En este sentido, explicó que la reforma reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, garantiza a las comunidades su derecho a decidir sobre sus representantes y formas internas de gobierno, conforme a sus sistemas normativos, de acuerdo con la Constitución, las leyes aplicables y con la excepción de no limitar los derechos político-electorales.
También establece que estos sectores de la población podrán participar, en términos del Artículo 3 de la Carta Magna, en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje.
La enmienda promueve la medicina tradicional y la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio; fomenta una alimentación nutritiva, el respeto y la integridad de lugares sagrados; así como el reconocimiento del trabajo comunitario.
Además, asegura el derecho de mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, en la toma de decisiones de carácter público, en la promoción de sus derechos a la educación, salud, propiedad, posesión de la tierra y demás derechos humanos.
