La historia oculta del Poder judicial (Parte I)

“El monopolio de la justicia que detentaron las estructuras del Poder Judicial fue el último bastión de la protección de privilegios del antiguo régimen, desde el cual se controló la reproducción hegemónica de su casta política y el dominio del Estado”.

Hidalgo experimenta los primeros coletazos de la batalla por el monopolio de la justicia del Poder Judicial, cuya historia oculta ya perfila en la alianza del antiguo régimen, el enroque de 43 senadoras y senadores de la oposición que, frente a la derrota en el Senado, pavimentan las movilizaciones de desobediencia civil del complot político de la derecha en México.

 

La arena política se presentó al estilo del Senado romano, mientras Simey Olvera y Cuauhtémoc Ochoa gritaban ¡sí se pudo!, Carolina Viggiano miraba con fuerza ante la traición del panista Miguel Ángel Yunes Linares, tratando de bancar la derrota del antiguo régimen.

 

Entre las atribuciones y papel legislativo de senadoras y senadores se encuentra la interlocución gubernamental del estado al que representan y, en este trazo, Carolina Viggiano que accedió al escaño por el paraíso plurinominal, se sumó con los 43 senadores de la oposición que marcaran la obstrucción a la reforma del Poder Judicial, terminando derrotados en una arena política al estilo del Senado y circo romano.

 

Mientras tanto, en Hidalgo, el líder del Congreso, Andrés Velázquez, marcaba las directrices del poder orgánico de Morena que dio luz verde a la estructura y dominio sobre las comisiones de vanguardia legislativa.

 

Cuando en la literatura política se habla de un complot, se advierte que “existe una vinculación secreta que intenta de manera orgánica quebrantar una realidad estipulada de manera legal”.

 

El monopolio de la justicia que detentaron las estructuras del Poder Judicial fue el último bastión de la protección de privilegios del antiguo régimen, desde el cual se controló la reproducción hegemónica de su casta política y el dominio del Estado. Por ende, en este escenario existe una historia oculta que fue maquillada en los paros y coletazos que pretendieron generar desde la oposición una crisis de Estado y ventiscas políticas en Hidalgo al gobierno de Morena y, con ello, quebrantar desde un complot político la transformación iniciada por López Obrador y que Claudia Sheinbaum habrá de continuar.

 

Clave de la historia oculta

La degradación del monopolio político del antiguo régimen

 

Los dos grandes bastiones del PRI, consagrados en el Estado de México e Hidalgo, se perdieron en derrotas inenarrables que marcaron el ascenso de los gobiernos de alternancia de Morena con Delfina Gómez y Julio Menchaca. Fueron derrotados el grupo Atlacomulco y el grupo Huichapan, que habían dado inicio a una reproducción hegemónica de las filas del tricolor que había sido admirada y emulada por décadas por el priismo nacional.

 

El ascenso del gobierno de alternancia de Vicente Fox no presupuso la derrota del antiguo régimen, sólo la metamorfosis de una derecha que le daba un rostro distinto con el gobierno del cambio donde la estafeta pasó del PRI al PAN pero las desigualdades sociales de la ciudadanía no sólo no fueron subsanadas sino que se profundizaron a través de un “Estado Mordaza” que controlaba los poderes públicos y reducía la democracia al utilitarismo del juego de intereses de grupo de las élites en México.

 

Fue en este trazo donde los fraudes públicos se maquillaban desde el Poder Judicial. Se construyó una atmósfera de autoritarismo y represión política donde décadas antes se había pavimentado Tlatelolco 1968 y en la historia reciente la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; ambas heridas que encubría en crimen de Estado y la obstrucción de la justicia desde el monopolio del Poder Judicial.

 

El Estado del antiguo régimen se degradó. El sistema político se había pavimentado desde una pantomima y coreografía de los poderes públicos donde, de manera histriónica, se disfrazaba la “contienda democrática” y se permitía la confluencia de fuerzas políticas de oposición. Además, se instauraban mecanismos y reformas gatopardistas como hoy lo revela el paraíso plurinominal que fue construido en la ingeniería electoral para “dar jugada a las fueras menos favorecidas en representación proporcional”, sólo que cuando lo construyó el antiguo régimen jamás pensó que ese mismo mecanismo le salvaría de pervivencia en el sistema político.

 

A simple empírea, la estructura del Poder Judicial que clamó a sangre y fuego por no ser modificada por una reforma que va en serio y que pondrá los encargos a votación de la voluntad soberana de la ciudadanía (como sucede con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo) hizo históricamente desde los gobiernos del antiguo régimen que la ciudadanía experimentara desigualdad y asimetrías de privilegios al acceso de la justicia. La realidad social acusa al Poder Judicial de ineficiente, monopólico y despótico frente a la indefensión de la ciudadanía.

 

La correlación entre el equilibrio de la impartición de justicia en México presenta un déficit histórico de esa misma estructura burocrática- judicial que hoy ha tomado las calles frente a su derrota en la reforma del Poder Judicial. Sin embargo, bajo estos resabios de una crisis estructural del Poder Judicial en la procuración de justicia, el gobierno de López Obrador no ha podido controlar la problemática delincuencial y tan sólo en 2023 se registraron, de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 30 mil 523 mil asesinatos (pese a que el gobierno guinda ha disminuido las cifras), la actuación de la procuración de justicia es insuficiente.

 

Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE/2023) señaló que:

 

En 2022, 27.4 por ciento de los hogares en México tuvo, al menos, una o uno de sus integrantes como víctima del delito. En 2022, hubo 21.1 millones de víctimas de 18 años y más. La tasa de prevalencia delictiva fue de 22 mil 587 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra inferior respecto a 2021. Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión. En 2022, ocurrieron 26.8 millones de delitos. De estos, 92.4 por ciento no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se denomina cifra negra. (Fuente INEGI).

 

Estas son cifras públicas que permiten comprender la historia oculta del Poder Judicial y, a su vez, la derrota en el Senado ante el ascenso de Morena en el poder que perfila serios estragos en las expresiones partidistas, fuerzas sociales y élites económico-empresariales del antiguo régimen.


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