Miembros de los medios de comunicación y activistas expresaron su rechazo a la inclusión en sesión extraordinaria de la LXV Legislatura de la Ley de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, argumentando que no ha sido debidamente socializada con los sectores involucrados.
En una reunión con el diputado Alejandro Enciso Arellano y su suplente, Roberto Rico Ruiz, se presentó una exposición técnica sobre la propuesta, durante la cual se abordaron varios puntos que generaron controversia entre los representantes de estos gremios.
Durante las exposiciones, Rico Ruiz recordó que se hicieron foros hace más de dos años. Uno de los puntos más polémicos que se planteó es que en la Junta de Gobierno, el máximo órgano, se incluya a un representante de la Coordinación de Comunicación Social, ya que la legislación a nivel general no lo contempla. Además, no funge como figura de protección.
Además, el órgano en cuestión cuenta con una mayor representación de funcionarios gubernamentales, lo que llevó a plantear la pregunta: ¿qué sucederá si son estos mismos quienes cometen abusos contra reporteros o activistas?
También se destacó la necesidad de precisar la definición de «periodistas», ya que no se puede considerar igual a un reportero de a pie, a un director de medio o a un publirrelacionista, pues algunos pueden tener una relación más cercana con estas figuras de poder.
Por su parte, los activistas señalaron que no fueron consultados sobre la ley y que la iniciativa no ha sido socializada con este grupo, pues la mayoría se enteró “de rebote”.
Asimismo, cuestionaron que, si se pretende crear un mecanismo similar al de atención a víctimas, se debe considerar que no funciona. De igual manera expresaron que algunos están actualmente amenazados y que el Estado (Gobierno estatal y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo [CDHEH]) no ha dado seguimiento a sus casos.
