Luego de que fuera señalada por el alcalde de Mineral de la Reforma, Fernando Escalante Sánchez, de solicitar un bono de marcha de 350 mil pesos, la regidora Dulce María Sánchez Martínez desmintió estas declaraciones.
Además, rehusó que, a los nueve asambleístas, a quienes supuestamente se les negó dicho apoyo de retiro, estén condicionando la aprobación de contratos.
Afirmó estar cumpliendo con su deber como regidora, que incluye el análisis, discusión y, de ser necesario, la aprobación de acuerdos del Ayuntamiento. Explicó que la negativa a firmar los documentos presentados el día anterior se debió a ciertas inconsistencias identificadas durante la revisión, y no a un presunto amague al presidente municipal.
Detalló que los convenios presentados por el alcalde, que sumaban aproximadamente 8 millones de pesos para la compra de papelería, artículos de limpieza y una camioneta, deberían destinarse a temas prioritarios, como la adquisición de camiones recolectores de basura, toda vez que actualmente, el municipio arrienda 22 unidades, algunas de las cuales incluso se encuentran en el taller mecánico sin funcionar.
Asimismo, cuestionó algunas acciones tomadas por Escalante Sánchez, como lo es la reunión que sostuvo con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) para la municipalización exprés de 11 fraccionamientos.
En este sentido, comentó que no hubo presencia de los integrantes del Cabildo relacionados con el tema, quienes se han percatado de cuestiones como que en uno de los expedientes hay un área de donación de 10 mil metros cuadrados y en la escritura pública ya estaba en 6 mil, es decir que desaparecieron 4 mil.
Además, se cuenta con documentación fechada en los años 2018, 2019 y 2020 y para municipalizar es necesario actualizarla, por lo que este asunto debería ser atendido por la siguiente administración con calma. Lo anterior, debido a que la alcaldía debe recepcionarlos correctamente, ya que a partir de ese momento será responsable de todos los servicios, y de no estar en orden generarán un gasto importante.
Finalmente, la regidora exigió que se presenten pruebas sobre la acusación hecha por el gobernante, pues ella cuenta con todos los documentos que avalan los puntos expuestos para la no aprobación de las referidas adquisiciones.
