La noche de ayer, videos y fotografías compartidos a través de redes sociales documentaron momentos de angustia vividos por los habitantes de San Felipe Orizatlán, quienes fueron testigos de la presencia de grupos armados y ráfagas de disparos de armas de fuego. Estos actos violentos generaron una atmósfera de incertidumbre y zozobra en el municipio.
El Ayuntamiento de San Felipe Orizatlán, encabezado por la presidenta municipal Erika Saab Lara, emitió un comunicado condenando enérgicamente los hechos y solicitando la intervención del gobierno estatal y federal para restaurar la paz y seguridad en la región. El documento enfatizó que los actos intimidatorios fueron perpetrados por personas armadas que aprovecharon el contexto del proceso electoral para sembrar el caos.
«Como autoridad municipal, condeno irrestrictamente los actos beligerantes cometidos en agravio de los pobladores de este municipio», declaró Saab Lara. «No vamos a permitir que un puñado de personas pongan en jaque la estabilidad y paz social que privan en nuestro municipio y en el estado. Hemos solicitado al gobierno del estado y al gobierno federal para que intervengan y coadyuven con nosotros para preservar la tranquilidad y paz social que requieren los pobladores».
El llamado a la intervención de las autoridades superiores subraya la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad para garantizar que la jornada electoral del domingo 2 de junio se desarrolle en paz y armonía. Saab Lara destacó que la preservación de la tranquilidad es una prioridad y un derecho humano que debe ser privilegiado por encima de todo.
«Desde el ayuntamiento de San Felipe, les decimos a nuestros gobernados que nada ni nadie tiene derecho a quitarnos la tranquilidad en este municipio. Buscaremos el mecanismo del diálogo, el respeto a la ley y a la estabilidad, para que llevemos a cabo una jornada electoral a la altura de nuestros habitantes”, añade el comunicado.
Pese a la situación en San Felipe Orizatlán no se reportan hasta el momento de manera oficial, por parte de autoridades estatales, personas lesionadas de gravedad ni víctimas mortales.