En una audiencia de revisión de medidas celebrada ayer, viernes, el juez de Control Federal, Gregorio Salazar Hernández, resolvió poner fin a la medida cautelar de prisión domiciliaria que se había impuesto a Gerardo Sosa Castelán desde el 3 de febrero de 2022.
Después de tres horas de debate, se permitió que Sosa Castelán pudiera salir de su domicilio, aunque deberá portar un brazalete electrónico para su localización.
El defensor particular, Adolfo Estrada Díaz, argumentó durante la audiencia que han transcurrido más de cuatro años desde que se inició el proceso contra su defendido sin que se haya podido celebrar el juicio, lo cual viola el artículo 20, apartado B de la Constitución, que establece un plazo máximo de dos años para que una persona sea juzgada.
Según el portal de Audiencias del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio había sido programado para comenzar el 3 de junio de este año. No obstante, esta semana la fiscal Elvia Ángeles Pérez presentó un escrito alegando la imposibilidad de reunir a sus testigos, por lo que solicitó un aplazamiento del juicio. Esta petición fue aceptada, pero no se fijó una nueva fecha hasta que la fiscalía esté en condiciones de proceder.
La modificación de la medida no se debió al estado de salud de Gerardo Sosa. El juez fundamentó su decisión en la necesidad de que el líder del Grupo Universidad pueda retomar sus actividades laborales previas a su detención y continuar con sus tratamientos médicos.
La medida cautelar de uso de brazalete electrónico sigue vigente como medio de localización del acusado hasta que se celebre el juicio oral.
