El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, se sumó junto con sus homólogos de las 32 entidades a la petición para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no se elimine la prisión preventiva oficiosa.
Mediante la red social “X”, el mandatario estatal expresó que esta medida cautelar permite combatir el delito y evitar la impunidad, además de brindar seguridad a las víctimas.
“Eliminarla sería un desacierto en la construcción de justicia en nuestro país. Me uno a mis compañeras y compañeros gobernadores en esta petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, agregó.
Menchaca Salazar “posteó” el documento dirigido a la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, el cual cuenta con la firma de todos los gobernadores de los Estados Unidos Mexicanos, independientemente de su afiliación partidista.
A través de un amicus curiae presentado en el buzón judicial el 26 de abril, todos los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores aseguraron que la Constitución debe estar por encima de cualquier norma internacional que pretenda afectar la seguridad nacional.
“Con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto”, señalaron los gobernadores.
Aseguraron que de quitar la prisión preventiva oficiosa colapsarían los tribunales federales, pues estos tendrían que analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar.
El escrito deriva del expediente 3/2023, en el que la SCJN debe determinar el cumplimiento de la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso García Rodríguez y otros contra México. En este caso, el organismo internacional ha señalado que la prisión preventiva oficiosa debe ser eliminada del sistema penal mexicano.
