La crisis del agua violenta los derechos humanos, porque pone en riesgo la vida y amenaza en diferentes dimensiones el desarrollo social; tiene un trasfondo de control político y de intereses económicos de las élites empresariales que, en México, se han apropiado de este recurso natural apoyadas en el modelo de desarrollismo industrial que aún prima sin mayores contrapesos legales.
Los pronunciamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre aprovechar los mantos acuíferos del Valle del Mezquital para abastecer al área metropolitana de la Ciudad de México han causado conmoción en la ciudadanía hidalguense. En este escenario, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo brillan por su ausencia.
El gobernador Julio Menchaca Salazar ya se encuentra analizando la viabilidad de inversión y extracción del agua del Valle del Mezquital para abastecer a la Ciudad de México; sin embargo, existe tensión en diversos municipios de Hidalgo y se perfilan desencuentros que deben ser contenidos a través de una nueva lógica humanitaria de la distribución simétrica del agua.
El sector primario agrícola-ganadero y el secundario industrial en Hidalgo son, sin duda, de importancia económica primordial, pero su operación debe generar nuevas lógicas en el racionamiento y uso del agua que no vayan en detrimento de la población, la cual atraviesa por una crisis que se originó desde hace décadas con la protección de los privilegios de las élites económicas en contubernio con el Estado.
La clave para solucionar la crisis del agua que vivimos es invertir la lógica del paradigma de la producción, atendiendo que el suministro del agua, en toda óptica del ejercicio de gobierno y desarrollo de la nación, es un derecho humano que no puede ser violentado. Por ello, el gobernador de Hidalgo tiene el reto de crear un Plan de Emergencia Hídrica cuya transversalidad atienda a la creación de nuevas leyes, políticas públicas y cultura que protejan el uso del agua para consumo humano.
La defensa de los derechos humanos en este momento delicado no puede seguir con la asimetría que históricamente en Hidalgo ha tenido la distribución de agua, pues se ha atentado contra la vida humana y puesto en riesgo la preservación del tejido social y las futuras generaciones.
No hay 4T sin tejido social o al margen del tejido social. No es el consumo de la ciudadanía la que tiene en crisis la provisión hídrica; no pueden existir sectores sociales o empresariales privilegiados por el gobierno en el abasto de agua, mientras la mayor parte de la ciudadanía se encuentra en el desamparo, pasando peripecias para poder atender sus necesidades vitales de consumo.
La distribución inequitativa del agua en Hidalgo no puede mantenerse en la lógica del contubernio público para amparar negocios privados. Ya se presenta un escenario de enfrentamiento social del que no puede hacer caso omiso la estructura gubernamental sin que incurra en una flagrante violación a los derechos humanos.
