Hidalgo huele a peculado y degradación de la administración pública, gracias a una estructura fallida de evaluación de los gobernantes, rendición de cuentas, control del poder público y transparencia, vectores de la verdad que la ciudadanía tiene derecho a exigir por parte de sus representantes.
En un año de gobierno de Julio Menchaca Salazar se ha expuesto el peculado que se vivió en la administración de Omar Fayad, no sólo en la Estafa Siniestra, sino a través de la estructura municipal, pues diversos alcaldes violaron el principio de probidad al que deben apegarse en su ejercicio constitucional, que a través de la Ley de la Administración Pública mandata el cumplimiento de su encargo.
Desde la visoría y prescripción de mando del gendarme custodio Santiago Nieto, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo han aprehendido al exalcalde de extracción panista Jovani Miguel L.C., de Tlaxcoapan, por ejercicio ilícito de atribuciones y facultades; a Leonardo P.C., titular de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado de Hidalgo, y al exsubdirector de recursos materiales del mismo organismo, Rogelio P. F., acusado de peculado, delito que conlleva una cadena de responsabilidad de servidores públicos que debe ser escudriñada para esclarecer los contubernios públicos y privados en los que incurren los servidores del Estado.
Santiago Nieto ha puesto en boga una de las mayores responsabilidades que se guardaron bajo candados de secrecía, corrupción e impunidad por décadas en Hidalgo: la verdad pública, que en la ingeniería de la Ley de la Administración Pública se presenta bajo un esquema operativo de apertura activa (active disclosure), donde el ejercicio de gobierno no sólo le permite al ciudadano observar su desarrollo, sino también gestionar la divulgación de su actuación.
El politólogo Gianfranco Pasquino admite que el gobierno es “público y en público”, como una noción estricta de la transparencia y máxima visibilidad de las acciones gubernamentales. Lo que la ciudadanía en Hidalgo ha presenciado de la gestión gubernamental es la cara opuesta a la verdad pública; ha sido mudo testigo de la opresión de la corrupción e impunidad que primaron por décadas en los gobiernos del antiguo régimen y que al amparo de la gestión pública estatal y municipal se perpetraron contubernios y secrecías con actores públicos y privados, realidad que exige que se investigue no sólo a la sociedad política, sino también a la sociedad civil, que es sujeto obligado en la rendición de cuentas cuando establece vínculos con las estructuras públicas.
El peculado no sólo es una falta grave contra la probidad y el erario público, sino contra el respeto y la dignidad de la ciudadanía porque viola el derecho a un buen gobierno. La red de corrupción que existe en las alcaldías de Hidalgo va más allá de la Estafa Siniestra, el desvío de más de 500 millones de pesos es sólo la punta del iceberg; los témpanos de hielo se ciernen en las estructuras administrativas, donde los alcaldes son juez y parte de las anomias de corrupción e impunidad, pero tienen comparsas operativas en su administración.
Santiago Nieto se ha constituido en el gendarme custodio de la justicia y la democracia en Hidalgo, frente a su partida ¿quién custodiará a la ciudadanía y su derecho a la verdad pública?
