La corrupción pública en Hidalgo tiene tres vertientes: en primer término, se trata de la reproducción hegemónica de la clase política que es juez y parte del aparato de Estado; en una segunda instancia, es un instrumento de cooptación que genera compromisos y lealtades tras bambalinas de la élite burocrática; y en tercer lugar, es expresión del poder y la subordinación vertical de mandos públicos sin cuestionamiento del cesarismo político.
¿Qué lecciones estamos aprendiendo de la clase política pasada y presente en Hidalgo en sus dimensiones de la siniestra corrupción? El antiguo régimen construido desde la institucionalización del poder en la maquinaria de partido, representada por el PRI, diseminó las anomias de mando público a través del sistema político organizado para corromper a la sociedad política y a la sociedad civil desde el aparato de Estado, naturalizando la corrupción en un doble estándar de la retórica pública; es decir, por un lado la clase política aparece como génesis de la corrupción, y por otra parte, se presenta como la depuradora del sistema político y social.
En este escenario de siniestra corrupción, la coordinadora de Planeación Financiera, Verónica Vizzuett Balderas, quien fue parte del equipo de la exsecretaria de Finanzas de Hidalgo, Jessica Blancas, y ya fue vinculada a proceso jurídico, es sólo un eslabón de la élite burocrática en una cadena de diseminación de poder que corrompe y preserva las lógicas de control político y social, cuestión que permite deducir que no se trata de un evento aislado sino que tiene raíces profundas, porque la exfuncionaria no se movía sola en la cadena de mando y su toma de decisiones tenía límites en cuanto a su discrecionalidad.
Sobresale en este atentado a la probidad pública, y por ende a la ciudadanía, que el peculado en Hidalgo desde las investigaciones de la Estafa Siniestra se ha mantenido en la lógica de dos vectores de corrupción: la malversación de fondos públicos desde programas sociales en contubernio con empresas fachada y la operatividad gubernamental con desvíos presupuestarios encubiertos por adquisiciones con proveedores del sector privado.
En cada una de las dimensiones de la siniestra corrupción, el modus operandi no pudo haberlo gestado una persona de manera aislada, ni los empleados públicos de ventanilla y su discrecionalidad tienen ese poder.
La élite burocrática que construye la toma de decisiones en la verticalidad de su autoridad genera una cadena de corrupción y lealtad con base en la ventaja de la discrecionalidad; por ello, la estrategia de la obra pública, programas sociales, inversión productiva y asistencia social se convierte en campo fértil para el peculado creando externalidades, es decir, una cadena de negocios, recompensas económicas y poder de operación para la élite que toma estas decisiones.
No se puede asumir que Vizzuett Balderas desde la coordinación de Planeación Financiera tuvo en sus manos, sin expresos consentimientos mayores en la cadena de mando, la potestad de actuar por sí sola; operaciones que involucran caudales de millones de pesos del erario y su planeación tienen lógicas de cabildeo de staff público, jamás son ejercidas de manera aislada o atomizada.
La próxima salida de Santiago Nieto del gabinete del gobernador Julio Menchaca Salazar deja una incógnita razonable sobre la procuración de justicia y democracia: ¿qué estrategia jurídico-política se implementará para combatir la corrupción sistémica de las cadenas de mando público? El pueblo espera una respuesta.
