Al estilo de la vieja guardia de la clase política, Hidalgo prohijó desde las filas del PRI una casta que se encumbró en las altas esferas de la política nacional. Personajes como Jesús Murillo Karam, Miguel Osorio Chong o Carolina Viggiano Austria lograron notoriedad en la palestra política, pero su fama no tuvo el impacto en la democracia y la justicia para sacudirse la verdad histórica del lúgubre pasado político del autoritarismo tricolor.
Sin embargo, los dos grandes bastiones priistas, Estado de México e Hidalgo, tenían un común denominador en las vértebras de sustentación operativa del PRI: la despolitización social y el autoritarismo político; vectores que le funcionaron por décadas al grupo Atlacomulco y al grupo Hidalgo (lastre para el gobierno de Menchaca Salazar), que garantizaban la reproducción política hegemónica con caudillos civiles que hicieron, tanto de mexiquenses como hidalguenses, los vasallos de la monarquía sexenal.
Jesús Murillo Karam escaló diversos puestos en la escena política, desde la gubernatura de Hidalgo hasta procurador de justicia en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa creó “su verdad histórica” para esconder el crimen, la, tortura y la desaparición forzada, situación que lesionó la credibilidad de la procuración de justicia hasta nuestros días, punto débil de la estructura de poderes en México y que, en especial a Hidalgo, le ha costado depurar en la presente administración al gobernador Menchaca Salazar, aun con la figura del gendarme custodio Santiago Nieto.
Imputado culpable de crímenes de Estado, la defensa de Murillo Karam no ha logrado que la prisión domiciliaria, decidida por la avanzada edad y estado de salud del político hidalguense, pueda amparar un símil de “impunidad positiva”, donde los crímenes que le han sido probados puedan ser afrontados de manera llevadera, cuestión que se presenta no sólo por el peso de “su verdad histórica”, sino también por las exigencias del lobby social que presiona al gobierno de la transformación de López Obrador, cuya promesa de ir contra la corrupción e impunidad se ha vuelto memoria colectiva y no sólo retórica de campaña electoral.
El análisis crudo de los políticos de Hidalgo estriba en que no han trascendido como ejemplo de probidad pública y vanguardia de un nuevo sistema político a nivel nacional; situación que le deja al gobernador Menchaca Salazar un reto de ética pública y democratización local que, hasta ahora, no ha transitado a plenitud por la depuración política de la 4T, debido al lastre de un Congreso local obstruccionista y con rostro de infiltración del crimen organizado que apunta a desequilibrios de la gobernabilidad en su administración.
Murillo Karam y su verdad histórica demuestran que el sistema político en México se encuentra bajo el caldero de una olla de presión social, por lo que la “impunidad positiva de la negociación política” se ha vuelto pacto de contrarios que en muy pocos casos surte efecto, máxime cuando la clase política morenista está bajo la lupa social y mediática nacional e internacional, por lo que los resquicios de las negociaciones con el establishment se han reducido a su mínima expresión.
El gobernador Menchaca Salazar tiene en sus manos acabar con la “impunidad positiva”; las pesquisas por peculado y abuso de poder han sido un buen síntoma de ello en su primer año de gobierno, pero deben ir no sólo hacia atrás sino hacia enfrente, porque la procuración de justicia se hace en la radiografía de lo cotidiano para impedir que el pillaje cree “su verdad histórica”.
