El punto climático de los desencuentros entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial atraviesa por la posible extinción de fideicomisos que amparan el disfraz de privilegios económicos y de prebendas que esconden pensiones para mandos superiores, medios, personal operativo, así como para apoyar a servidores públicos operativos en gastos de atención médica de urgencia y hasta para la adquisición de vivienda, lo que en todo el país ha motivado manifestaciones en contra de la administración federal.
La sinopsis histórica de este desencuentro proviene del obstruccionismo que ha señalado el presidente López Obrador, que ha puesto en vilo al Poder Judicial y que marca la erosión de sus privilegios que son percibidos como un “cesarismo judicial”, lo que ha causado una espiral de beligerancia en que la Suprema Corte de Justicia protagoniza la cabeza de la hidra en contra de la 4T.
Lo que hay que entender es que los fideicomisos son ínsulas de privilegio del Poder Judicial que ningún mexicano del pueblo tiene.
En Hidalgo, el procurador Santiago Nieto ha develado múltiples anomalías de los usos desde el gobierno del Poder Judicial, que consagra resabios del antiguo régimen que lo utilizó de manera vertical como un instrumento de veleidad para obstruir, controlar y oscurecer los procesos de impartición de justicia que en escalada en materia de peculado, malversación de fondos y desvíos de los mismos, han creado un despotismo del uso del gobierno y la administración del Estado, realidad análoga a nivel nacional.
En la comparecencia de la glosa del informe del gobernador Julio Menchaca Salazar, la “Estafa Siniestra” fue un punto de interés público, pues destapó la cloaca del control político de la administración de Omar Fayad y puso en claro que no existía equilibrio de poderes, sino que el Ejecutivo estatal movía a su antojo los instrumentos de una burocracia a modo, donde inclusive el Congreso local actuaba en la pantomima de sus acciones.
En esta oscilación de las estructuras del poder gubernamental, y en específico la actuación del Poder Judicial en Hidalgo hoy encuentra en la extinción de fideicomisos las lógicas de una reingeniería constitucional proclive al equilibrio de poderes, no al cesarismo judicial que a través de la Cámara de Diputados a nivel federal presentó la iniciativa de extinción de 13 de l4 fideicomisos, que fue aprobada con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención, con la aplastante mayoría de la bancada de Morena.
La actuación de Santiago Nieto, gendarme custodio de la procuración de justicia y democracia en Hidalgo, desempolva el poder tras bambalinas del Poder Judicial local, al igual que lo ha hecho el presidente López Obrador y que tiene en el panóptico político a la procuración e impartición de justicia, que con ferocidad y beligerancia a toda costa intenta obstruir las decisiones del Ejecutivo federal.
En este escenario, el gobernador Julio Menchaca ha encontrado en las directrices del diseño político de la procuración de justicia en Hidalgo el verdadero equilibrio de poderes que implica la armonización del ejercicio de gobierno para servir a la sociedad, por lo que Santiago Nieto reviste el control endogámico de las acciones del Estado.
La batalla de la extinción de fideicomisos evidencia la cara oculta de los privilegios y consolidación estamental que por décadas acumuló el Poder Judicial del antiguo régimen, cuestión que en Hidalgo ha destapado su papel obstruccionista de antaño para el uso nocivo del peculado, la malversación y desvío de fondos; así como la sangría al erario para el robustecimiento de lo que fue el PRI y sus tropelías como mano responsable de la estafa siniestra, que no es otra cosa que el desfalco a la ciudadanía.
