Integrantes de Mercadita Las Insurgentas, Brujas del Viento, Ley Sabina, Unión de Madres Protectoras y otras colectivos feministas, se manifestaron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) para exigir la renuncia de Ana Karen Parra Bonilla, directiva del organismo, porque los expedientes de violencia de género, violencia vicaria y de acoso sexual en las dependencias estatales los ha enviado a otras instancias en la Cuidad de México para no investigarlos.
Cerca del mediodía de este lunes, y con pancartas que referían fotografías de funcionarios públicos municipales y estatales, las mujeres pidieron dar seguimiento a casos como: la denuncia por acoso sexual interpuesta en contra de Marco P., director de Agricultura estatal; de Diego Arturo, servidor público que en oficinas estatales intentó cortar la cara de una empleada, así como de Gerardo R., hoy secretario general del Ayuntamiento Pachuca, por encubrimiento.
Si bien durante algunos minutos cerraron la vialidad de Avenida Juárez, en la lectura de su posicionamiento, indicaron que “Ana Karen (Parra) envía los expedientes a la Ciudad de México para deshacerse de estos y para silenciar a las víctimas. (…); si no es competente para llevar los casos que le deje el cargo a otra persona que sí pueda”, expusieron en las escalinatas de la sede central de la CDHEH.
Acusaron que la Comisión carece de protocolos para atender temas como violencia de género, tortura, mobbing (violencia laboral) y otras situaciones que representan agresiones dentro de las instituciones.
Durante la protesta, que fue pacífica, se refirió el caso de Nataly e Itzel. La primera, a quien Marco P., director de Agricultura estatal, presuntamente le pidió favores sexuales para mantener su empleo, y a pesar de la denuncia en el Ministerio Público y ante el mismo secretario Napoleón González, el funcionario sigue laborando, pero ella fue obligada a dejar el cargo.
En el caso de Itzel, ella fue presuntamente amagada con un cutter por parte de Diego Arturo N., y a pesar de denunciar la agresión, el servidor público permanece en su puesto. Y se le advirtió a la víctima que este hombre es familiar de líderes de la UNTA, por lo que era mejor no actuar.
Cabe destacar que la Ley de servidores públicos en la entidad refiere que los delitos pueden cometerse incluso por omisión cuando se violentan derechos humanos.
