Esta mañana, en conferencia de prensa, se dio a conocer la renuncia de los ocho diputados locales priistas a las filas de su partido, tras varios desencuentros entre el ex gobernador Omar Fayad Meneses -quien en días pasados también dimitió- y la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas.
Fue Julio Valera Piedras, en su carácter de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien habló a nombre propio y de los diputados Marcia Torres González, Michelle Calderón Ramírez, Citlali Jaramillo Ramírez, Alejandro Enciso Arellano, Erika Rodríguez Hernández, Rocío Sosa Jiménez y Juan de Dios Pontigo Loyola.
En este sentido, afirmó que las acciones de la dirigencia nacional, desde una visión centralista y de simulación, así como las imposiciones en diversas temáticas, han sido las causantes de esta decisión, además de acusar el desaseado proceso en la elección de los consejeros políticos.
Valera Piedras expresó que se trata de una determinación irrevocable y que, en compañía de sus compañeros diputados, formarán un grupo parlamentario independiente que abandera las causas y los motivos en los que creyeron desde siempre y para las cuales seguirán trabajando, pero desde otro espacio, aunque aseguró, no se irán a ningún otro grupo político.
Afirmó que esta dimisión al partido no significa una renuncia a las curules, ya que fueron votados por la ciudadanía, por quienes seguirán trabajando.
Aunado al desistimiento de las y los diputados locales también se suman las y los titulares de las diferentes Secretarías y Subsecretarías que integran el Comité estatal y la ex diputada Yarely Melo, quien vio mermados sus derechos partidistas y su trabajo de años, al ser considerada no militante de este instituto político por la dirigencia nacional.
Finalmente, Julio Valera explicó que lo procedente es la entrega del partido, de acuerdo con los reglamentos internos, y a fin de ratificar que se realice como es debido, sin incurrir en ninguna falta, se llevará a cabo ante un notario público para que dé fe y legalidad al proceso.
