La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo firmaron un convenio de colaboración que permitirá el aprovechamiento de 24 millones de pesos en recursos federales y que serán destinados a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en la entidad.
En calidad de testigo de honor, el gobernador Julio Menchaca Salazar celebró que se destine este presupuesto principalmente para el mejoramiento de la infraestructura y la capacitación profesional de quienes integran los Servicios Médicos Forenses, lo que se reflejará en inhibir el fenómeno de desaparición.
“Hacemos el compromiso de corresponder a esta disposición para dar los resultados que la gente nos reclama, sobre todo para atender la incertidumbre de las 864 familias hidalguenses que dedican su tiempo y esfuerzo a la búsqueda de sus seres queridos”, expresó.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, subrayó que, a raíz del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto destinado a la búsqueda de personas aumentó de los 8 millones de pesos a los mil 100 millones de pesos, por lo que se ha decidido destinar 24 millones a Hidalgo.
El funcionario federal reconoció la buena disposición del Gobierno de Hidalgo para atender esta problemática y declaró: “Algunas procuradurías o fiscalías no cumplen con la obligación de buscar a personas desaparecidas o no localizadas, lo que nos demuestran que, a lo largo de más de una década, gobiernos neoliberales pretendieron esconder la realidad social de México, un ejemplo de ello son los 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes”.
Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia local, expuso que en Hidalgo 289 cuerpos no han sido identificados, 46 no han sido reclamados y cerca de 90 restos óseos no han sido debidamente identificados, muestra del abandono y apatía gubernamental de anteriores administraciones: “Con la perspectiva de un gobierno humanista nos centramos en la construcción de un modelo que permita mejorar las condiciones de vida en un ambiente de justicia”.
Aprovechó la oportunidad para dar a conocer que en días pasados se llevó a cabo una firma de convenio entre la Procuraduría y el Instituto Nacional Electoral, para que a través de los datos biométricos con los que el instituto cuenta, se agilice la identificación de los restos humanos, bajo un estricto apego a los derechos humanos.
