Ya se cumplió el primer mes de los 72 que habrá de gobernar en Hidalgo Julio Menchaca Salazar y las expectativas siguen siendo muy altas después de largas décadas de gobiernos tricolores.
La historia de victoria del PRI cambió de rumbo cuando Morena postuló al entonces senador Julio Menchaca como candidato a la gubernatura, y a pesar de que el tricolor presentó a su mejor carta en la persona de la diputada federal Carolina Viggiano, no alcanzó a detener la inercia del cambio que se vive en todo México.
Con la llegada del abogado pachuqueño – de quien me tocó ser compañero en la LIX Legislatura local- al cuarto piso del edificio de la Plaza Juárez en la capital del estado, surgió una administración que desde los primeros días manifestó sus prioridades, entre las que se encuentra el combate a la corrupción.
Y justamente, por voz tanto del propio gobernador como del encargado de la Procuraduría del Estado, Santiago Nieto, se anticipa la decisión de llegar hasta las últimas consecuencias ante un presunto desvío en 13 de las 84 alcaldías del estado por alrededor de 500 millones de pesos.
Esa denuncia tiene a la mayoría de los hidalguenses esperanzados en que de verdad se han terminado los tiempos de corrupción y que de aquí para adelante será otra la forma de gobernar. Pero todavía nada hay.
En algún momento podríamos decir que fue un tanto precipitado hacer público el hecho, con montos y nombres de municipios. Pero lo cierto es que esto obliga aún más a las autoridades a ofrecer pruebas contundentes de estos presuntos ilícitos. No queremos imaginarnos el desencanto que produciría que las pruebas, o los propios alcaldes aludidos, echaran abajo tan grave acusación, porque entonces nos quedaríamos no igual, sino peor que antes.
De entrada, el presidente municipal de Tepeji del Río, Salvador Jiménez, ya declaró a los medios que él nada teme y asegura no haber utilizado indebidamente alrededor de 91 millones de pesos, supuesto monto autorizado para obras. El alcalde de Nopala parece que ha puesto tierra de por medio, aunque para cuando lean estas líneas, tal vez ya se sabe del paradero de Luis Enrique.
En este primer mes de gobierno de don Julio, hay dos temas más que también tienen que ver con la corrupción y esperamos que sean atendidos y resueltos por el gobierno morenista. Nos parece que en ambos casos es la corrupción policial la que alienta este estado de cosas: el huachicol y las deplorables condiciones que se viven en los centros de readaptación social.
Veamos primero el tema del robo de combustible, en el que Hidalgo mantiene en un penoso y triste primer lugar a nivel nacional. Casi al principio de la actual administración federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció que ese delito iba a terminar en su gobierno. Ciertamente se tomaron medidas para erradicarlo, pero algo o alguien falló y desde hace tiempo “ha vuelto a la normalidad”.
Estamos acostumbrados a los decomisos de combustible y casi siempre van acompañados de la detención del o de los vehículos en los que se transportaba el producto robado. ¿Y los autores? Pues normalmente la policía “ya no encontró a nadie” … cuando muchas veces los responsables negocian con ellos –de todos los niveles- su libertad, pero los guardianes, para justificar, presentan vehículos y el producto. ¡Ah!, y claro que se van con la cartera bien llena por el negocio.
Así la historia se convierte en un cuento de nunca terminar, mientras policías municipales, estatales y hasta la Guardia Nacional, reciben su tajada de tan lucrativo negocio. No se requiere ser un experto para darse cuenta de que aquí está la clave, aunque también en la complicidad de algunos empleados y funcionarios de Pemex, quienes cumplen con su tarea para facilitar el ilícito.
Ahora hablemos sobre los Ceresos, que lejos de ser realmente centros de readaptación, están convertidos –como el de Tula- desde hace años en centros de corrupción, donde el que paga tiene derecho a todo lo imaginable y no imaginable. Las acusaciones han sido reiteradas, a veces el cambio de director de algo sirve, pero termina casi siempre en lo mismo.
Es por ello que los 500 millones de pesos “extraviados” en 13 presidencias municipales, y ante la prematura acusación de la autoridad estatal, la sociedad está hoy a la expectativa de lo que vaya a suceder en las próximas semanas.
Con todo y que ciertamente el robo de combustible es un delito del orden federal, lo que hagan –o dejen de hacer- las autoridades municipales y estatal será fundamental para terminar, o cuando menos disminuir, este grave delito, cuyas consecuencias, entre otras, nos hacen recordar lo sucedido en Tlahuelilpan en enero de 2019.
En los Ceresos, el gobierno del estado debe poner un hasta aquí. Se requiere gente preparada, bien pagada y comprometida con la tarea de servir; que no tomemos como normal la corrupción imperante, del que da, del que pide y del que recibe. No es tarea sencilla, pero tampoco imposible.
Es muy pronto para hacer cuentas alegres, finalmente las cifras dadas a conocer en materia de impartición de justicia, la instalación del comité de planeación estatal y los municipales, la capacitación a los funcionarios, la generación de empleos, la instalación de las mesas de coordinación, etcétera, son apenas algunas de las tareas normales de cualquier gobierno.
Con el cambio, los hidalguenses queremos más, esperamos más, mucho más, y la esperanza se mantiene.
Por hoy es todo, nos leemos en la próxima entrega, pero… Entre nos.
Por: José Guadalupe Rodríguez Cruz
*Egresado de la UNAM como licenciado en Derecho y Diplomado por el Instituto de Administración Pública de Querétaro y por la Universidad Iberoamericana en Políticas Públicas. *Regidor Municipal en Tula, Secretario Municipal de Tula, Diputado local en la LVII y LIX Legislaturas en el estado de Hidalgo y Presidente Municipal Constitucional de Tula 2000-2003. *Autor del libro “Desde el Congreso Hidalguense” y coautor del libro “Tula... su Historia” *Director y fundador del periódico bisemanario “Nueva Imagen de Hidalgo”, que desde 1988 se pública en Tula, Hgo.
