La diputada Erika Rodríguez, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso una iniciativa para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones del Ministerio Público para atender casos de violencia de género que lesionan a niñas y mujeres; además promover cursos de capacitación con carácter obligatorio y destinar recursos del Fondo Ministerial, para asesoría y consultoría en materia de procuración de justicia, derechos humanos y perspectiva de género.
La diputada expresó “La violencia contra las niñas y mujeres es la máxima expresión de la desigualdad y discriminación. En México como en todos los países, los principales factores determinantes de la violencia de género son las condiciones estructurales inequitativas y desiguales entre hombres y mujeres; esta violencia tiene graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad, el patrimonio y la vida de las niñas y mujeres, por lo que constituyen serias violaciones a sus derechos humanos”.
“A través de las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), se busca que las instituciones de procuración de justicia cuenten con protocolos de investigación con perspectiva de género en los ámbitos ministerial, policial y pericial para casos de feminicidios y violencia sexual, primordialmente. Así como, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que, en casos de violencia sexual, las investigaciones deben: incluir una perspectiva de género”, explicó la legisladora.
Erika Rodríguez enfatizó, “con esta iniciativa se busca ampliar la perspectiva de actuación del Ministerio Público para erradicar de sus actuaciones todo tipo de discriminación y conducirse bajo la perspectiva de género en los presuntos delitos de violencia contra las mujeres e incluso atendiendo el interés superior de la niñez, cuando existan niñas, niños o adolescentes implicados. Las capacitaciones también tendrán como objetivo erradicar todos aquellos actos u omisiones de las y los servidores públicos que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, principalmente”.
“Desde el año 2015, la Procuraduría General de la República, diseñó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para la Violencia Sexual, herramienta que establece las obligaciones que deben cumplir las y los servidores públicos como agentes del Estado, con el propósito es proporcionar una herramienta metodológica estándar y efectiva en la investigación de la violencia sexual”, añadió la diputada.
Finalmente, Erika Rodríguez mencionó “La investigación con perspectiva de género debe apegarse a un estándar de derecho internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres, que se traduce en que la investigación tenga alcances adicionales cuando la víctima es una mujer que sufre muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres”.
