La Comisión de Representantes de Afectados por la explosión en un ducto de PEMEX, sucedida el 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, manifestó que, al día de hoy, el gobierno federal no ha cumplido con los puntos de una minuta realizada en conjunto, firmada en la Oficina de Atención Ciudadana el 19 de marzo de 2019, y tampoco existe contacto con el gobierno del estado de Hidalgo,
Lucía Hernández Reyes, miembro del grupo, explicó que la primera petición fue construir un memorial por las víctimas en el terreno donde ocurrió la deflagración; sin embargo, dijo, aún no sabe si se realizó o no la compra del predio, legalmente constituido en Tlaxcoapan, a pesar de que, declaró, el alcalde de esta demarcación, Jaime Pérez, es el único que los ha apoyado.
Generar fuentes de empleo, autoempleo y actividades productivas fue otra de las peticiones, mas, manifestaron las integrantes de la comisión, solamente algunas personas recibieron atención, en el rubro de proyectos productivos; por ejemplo, con la entrega de borregos y aves de corral.
No se han completado los censos para apoyos por orfandad o los que otorga el gobierno de México a estudiantes, adultos mayores y madres solteras; los que llegaron a brindarse, aseguró Hernández, les fueron retirados.
En cuanto al seguimiento de la atención médica para los afectados, Rosa Reyes Torres, madre de uno de los jóvenes afectados, manifestó que su hijo, con quemaduras en el 90 % de su cuerpo, ha perdido alrededor de seis cirugías por no contar con una visa y, aunque el gobierno federal aseguró que los apoyaría, solamente han recibido ayuda por parte de la fundación Michou y Mau, con una visa de un año, la cual, afirmó, resulta insuficiente.
El seguimiento a los avances de las pruebas de ADN ha sido en lo único que han recibido apoyo completo, por parte del gobierno estatal, declaró Lucía Hernández.
Mediante un litigio, se dijo en la conferencia, las 86 personas pertenecientes a la comisión piden una indemnización, que una póliza de seguros por daños a terceros debería pagar, a pesar de que, lamentó una de los familiares de las víctimas, “no hay dinero que pague una vida”.
