Al explicar diversos obstáculos para combatir la violencia intrafamiliar en la entidad como falta de datos, el Congreso local aprobó varias iniciativas con proyecto de decreto que reformaron disposiciones de la Ley para la Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Hidalgo.
Tal propuesta fue formulada por la asambleísta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mayka Ortega Eguiluz, en sesión del pleno de la pasada sesión y refiere que en su artículo sexto bis que los médicos, maestros y directivos de instituciones públicas y privadas que detecten circunstancias sobre presuntas agresiones deberán notificar a la autoridad.
Además, sugirió que sean efectuadas sensibilizaciones y capacitaciones para detectar, atender y canalizar a víctimas y generadores del hecho mediante servicios de atención, asesoría jurídica, psicológica y social; para ello, precisó que será necesaria una coordinación para instalar centros de recepción.
A la par, será concretado en el estado el establecimiento y funcionamiento de un registro de instituciones en materia de prevención de violencia familiar, el cual será complementado con acciones y estadísticas de organizaciones sociales.
Asimismo, las autoridades competentes deberán fomentar campañas públicas y programas educativos, con especial énfasis en localidades con rezago social para prevenir desde su origen la violencia con ayuda de promotores comunitarios.
Por último, la iniciativa derogó los artículos 22 al 48, de los cuales la promovente explicó que citan la resolución de partes involucradas en violencia, los cuales estaban prohibidos en lo federal desde 2007 y eran extraoficiales.
